La Procuraduría General de la Nación requirió formalmente a la Universidad Nacional y el Ministerio de Educación que acaten, informen y ejecuten la decisión del Consejo de Estado de declarar nula la elección de Leopoldo Múnera como rector de la alma mater.

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El Ministerio Público afirmó que el fallo es "categórico": "El Consejo Superior de la Universidad Nacional desbordó sus funciones, desconoció los límites del artículo 41 del CPACA, vulneró el debido proceso y quebrantó la presunción de legalidad del acto previo de designación".

La Procuraduría advirtió que estos hechos constituyen un riesgo disciplinario real y verificable para quienes intervinieron en actuaciones sin competencia.

Además, el órgano de control realizará un seguimiento permanente y técnico al proceso de transición institucional, a la adopción de medidas correctivas y a la prevención de nuevas irregularidades administrativas o electorales.

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Igualmente, verificará que se evalúen, cuando corresponda, las medidas de responsabilidad y repetición frente a decisiones adoptadas por fuera del orden jurídico.

Finalmente, la Segunda Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública recordó que el fallo constituye un mensaje claro para todos los órganos directivos de las Instituciones de Educación Superior del país: las actuaciones electorales no pueden reabrirse, modificarse ni “corregirse” una vez agotado el trámite y expresada la voluntad del elector. Hacerlo es ilegal y genera consecuencias.