La Procuraduría Regional de San Andrés, Providencia y Santa Catalina pidió acciones urgentes para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad en esta zona del país. 

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Conminó a la Gobernación y al Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) a firmar, con prontitud, un convenio interadministrativo que permita proporcionar atención adecuada, seguridad y condiciones dignas a estas personas. 

De acuerdo con el ente de control, los privados de la libertad “permanecen en espacios inadecuados, carecen de servicios básicos mínimos y tienen problemas psicológicos que evidencian una situación que pone en riesgo su vida e integridad”.

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El Ministerio Público reiteró los llamados para que se garanticen estos derechos a las personas recluidas en los centros de detención del archipiélago.

“Garantizar condiciones dignas a las personas privadas de la libertad es una obligación legal inaplazable y la omisión en la protección de los derechos humanos de esta población puede generar sanciones disciplinarias, fiscales y penales para los funcionarios responsables”, precisó la Procuraduría.