La Procuraduría encendió las alertas por posibles irregularidades en la gestión de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), relacionadas con la suspensión del servicio de ferry en el municipio de Salamina.

Según el ente de control, esta medida ha generado graves impactos sociales y económicos en la región.

De acuerdo con un informe preventivo con fines disciplinarios, el Ministerio Público identificó presuntas omisiones y falta de diligencia por parte de funcionarios de la autoridad ambiental en el manejo del proceso sancionatorio contra las empresas operadoras del servicio, así como en el trámite del permiso de ocupación transitoria del cauce del río Magdalena.

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La suspensión del ferry, adoptada como medida preventiva desde agosto de 2025 por la falta de permisos ambientales, ha afectado directamente a más de 60.000 personas que dependen de este medio de transporte para su movilidad, acceso a servicios de salud y abastecimiento de alimentos en municipios como Salamina, Pivijay y El Piñón en el departamento del Magdalena.

El informe señala que esta problemática no es reciente, sino el resultado de una situación que se ha prolongado durante décadas sin un control oportuno por parte de las autoridades. Además, advierte que la decisión de suspender el servicio, aunque basada en el principio de precaución ambiental, habría generado un impacto desproporcionado en los derechos fundamentales de las comunidades.

Entre los hallazgos más relevantes, la Procuraduría destaca posibles inconsistencias en el trámite administrativo adelantado por Corpamag, como la modificación injustificada del objeto de un permiso ambiental solicitado por una de las empresas operadoras, así como deficiencias en la motivación técnica para negar dicho permiso.

Asimismo, el ente de control cuestionó la falta de coherencia en la valoración de pruebas y la imposición de requisitos técnicos adicionales que no habrían sido exigidos oportunamente durante el proceso, lo que podría vulnerar principios como la buena fe, la confianza legítima y el debido proceso.

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La entidad también subrayó que, aunque existen procesos de erosión en la zona, estos responden principalmente a dinámicas naturales del río Magdalena, sin evidencia concluyente que atribuya directamente esta problemática a la operación del ferry.

Ante este panorama, la Procuraduría remitió el informe a las instancias disciplinarias competentes para que se evalúe la posible responsabilidad de los funcionarios involucrados.

Finalmente, el Ministerio Público hizo un llamado a las autoridades para encontrar soluciones que permitan restablecer el servicio de ferry en condiciones ambientalmente sostenibles, garantizando tanto la protección del ecosistema como los derechos de las comunidades que dependen de esta conexión vital.

Con información de la Procuraduría