El Presidente Gustavo Petro podría ser llamado a indagatoria por el caso de financiación de su campaña en 2022.

Dos de los representantes de la Comisión Legal de Investigación y Acusación pidieron que el mandatario sea vinculado al proceso para rendir testimonio y que se practiquen las pruebas testimoniales, documentales y periciales correspondientes.

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Los congresistas investigadores Gloria Arizabaleta Corral y Wilmer Carrillo Mendoza se opusieron, a través del salvamento de voto, a que concluyera la etapa de investigación previa contra el Presidente.

La Comisión habría dado con indicios de posibles gastos no reportados.

En ese sentido, de acuerdo con los representantes, la diligencia de indagatoria deberá ser citada en los términos del artículo 336 de la Ley 600 de 2000.

Asimismo, garantizar al investigado el “derecho a la defensa técnica, derecho a guardar silencio y a no auto incriminarse; prohibición de derivar de tal silencio indicios en su contra, derecho a ser informado de los hechos y de la calificación jurídica provisional, y derecho al traslado del expediente para la preparación de su defensa”.

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Pidieron que se ordene la practica de pruebas testimoniales y rendir declaraciones a Juan Carlos Lemus, auditor de la campaña presidencial; Jonathan Ramírez Nieves, abogado principal de la campaña del Pacto Histórico en 2022; el representante legal de Ingenial Media S.A.S. sobre la celebración del contrato con la campaña.

Asimismo, a otras firmas que tuvieron presunta vinculación con la campaña de Petro en 2022 y al magistrado del Consejo Nacional Electoral, Benjamín Ortiz, para que rinda testimonio de las actuaciones de la corporación en el caso.

Adicionalmente, los representantes pidieron solicitar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) los datos contenidos en sus archivos sobre operaciones financieras inusuales o sospechosas relacionadas con la campaña presidencial de 2022.

Por otra parte, solicitaron compulsar copias a la jurisdicción ordinaria penal, sobre ruptura de la unidad procesal por razón de fuero, respecto de las personas no aforadas que aparezcan eventualmente involucradas en los hechos investigados.

Por último, piden trasladar comunicación a la Contraloría General de la República y al Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales sobre la apertura de la investigación.