Persiste el riesgo de apagón institucional energético, advierte la CGR
No han sido nombrados los comisionados de la CREG.
La Contraloría General de la República reiteró este viernes su preocupación porque en medio del Fenómeno del Niño, persiste el vacío institucional en la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG- ya que aún no se conocen los nombres de los expertos comisionados que serán los encargados de tomar medidas sobre el funcionamiento del mercado de energía eléctrica y gas, lo que se reflejaría en un incremento en el costo de las tarifas de energía para usuarios de la Costa de hasta un 15%.
A lo anterior se añade que mientras se mantenga esta situación, no se podrán tomar medidas en el tema tarifario, lo que podría significar un alto impacto para las finanzas de la Nación y para los mismos usuarios.
De la CREG hacen parte el Ministro de Minas y Energía, Ministro de Hacienda y Crédito Público, Director del Departamento Nacional de Planeación, Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y seis expertos comisionados, nombrados por un periodo de 4 años por el Presidente de la República.
Dentro de las facultades atribuidas a dichos comisionados, se encuentran la independencia y autonomía para elaborar propuestas regulatorias, por lo tanto, dice la Contraloría General, la CREG tiene a su cargo la competencia para determinar las variables que establecen las tarifas de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, gas natural y GLP.
Las tarifas
Afirma que uno de los hechos que prende las alarmas sobre la situación de la comisión CREG - y hace evidente esta crisis, es que ya perdió vigencia la Resolución CREG 101031 de 2022 sobre “tarifas justas”, que no era otra cosa que el aplazamiento del cobro a los usuarios de las tarifas reales y, por lo tanto, posteriores estudios tarifarios como la Resolución 701023 de 2023, que consultaba acerca de cómo diferir la opción tarifaria en el tiempo, la cual minimizaba el riesgo de “Apagón Financiero”, no puede ser estudiada ni analizada, ni se pueden tomar decisiones con validez al no estar integrada debidamente la CREG.
Así las cosas, los incrementos imprevistos en el costo unitario del servicio de energía eléctrica en promedio y en especial en la costa Caribe pueden superar el 15%, afectación que puede volverse incontrolada ya que se pueden incrementar los subsidios a entregar a los estratos 1,2 y 3 a través del FSSRI, situación al parecer imprevista en el Presupuesto General de la Nación (PGN).
Es preciso indicar que, al no tener claras estas cuentas, no se observa cómo los prestadores del servicio van a recuperar estos saldos y si se va a materializar la limitación de suministro por insuficiencia financiera de los agentes del mercado de energía.
Así, los usuarios del Caribe tienen un costo unitario de kilovatio hora, que puede incrementarse en la facturación en un solo mes, por ejemplo de $300.000 a $345.000, y así sucesivamente en lo siguientes meses.
Respuesta al Presidente
A raíz de un trino del presidente Petro sobre subsidios no pagados a usuarios de Electricaribe, según el cual, “el dinero depositado en la empresa de energía para pagar los subsidios de los estratos pobres, no fue pagado a los pobres, por lo menos en los cinco últimos años en que estuvieron. Al parecer se fueron con ellos”, escribió el Jefe de Estado, la CGR entregó las siguientes apreciaciones:
La Contraloría General de la República quiere aclarar a la ciudadanía que en el ejercicio del control fiscal sobre los subsidios, profirió falló con responsabilidad fiscal en el año 2021 por $211.755 millones de pesos en contra de Electricaribe, por la indebida aplicación de los recursos de destinación específica del Fondo de Energía Social -FOES que debieron aliviar el valor a pagar en la factura del consumo de energía de los usuarios de los estratos 1 y 2 de las zonas especiales de la Región Caribe, durante el período comprendido entre julio de 2011 y octubre de 2016.
Respecto del periodo comprendido entre noviembre de 2016 y julio de 2017, es ordenado por el Agente Especial designado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para acatar el fallo del Tribunal de la Guajira y el Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR, se evidenció en la facturación de los periodos comprendidos entre los meses de agosto y diciembre de 2017, retribuciones en favor de los usuarios de las zonas especiales en cuantía de $21.357.707.267.
Además, Electricaribe constituyó Garantía Bancaria por la suma de $187.227 millones con la entidad Bancaria BBVA a favor de la Contraloría General de la Republica dentro del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal en salvaguarda del interés público, recursos que fueron objeto de devolución al Tesoro Nacional.