“La paz total también es posible si los grupos armados ilegales renuncian a combatir entre ellos mismos. Solo de esta manera, con la voluntad que puedan mostrar las estructuras al margen de la ley de renunciar a las hostilidades generadas por la disputa del control territorial y social, los colombianos, particularmente las comunidades que habitan en las zonas donde el conflicto arrecia, podrán respirar verdaderos vientos de paz”, indicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

A lo que agregó: “Por eso, mi llamado es a que todos los grupos, no solamente los que están en fases exploratorias y en conversaciones que han arrojado resultados significativos, también aquellos que no forman parte de las mesas, no se sigan afectando entre sí mismos. Principalmente, porque no se les puede olvidar que la población civil siempre es la más perjudicada con el accionar de las armas”.

La Defensoría del Pueblo ha venido advirtiendo, a través de varias Alertas Tempranas de Inminencia (ATI), los riesgos en los que están varios territorios del país, especialmente en las últimas semanas para los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Caquetá, La Guajira, Arauca y Chocó.

Cauca, Valle, Nariño y Caquetá

Los municipios de Miranda y Corinto (Cauca) y Pradera y Florida (Valle del Cauca) se han convertido en escenario de combates entre el ELN y la Segunda Marquetalia contra el frente Dagoberto Ramos (del Estado Mayor Central, liderado por ‘Iván Mordisco’), que ha tenido el control de esa amplia zona durante años, comprendida por el norte del Cauca y el sur del Valle. El riesgo fue advertido a través de la ATI 031 del 2023.

En agosto, Los Andes–Sotomayor y La Llanada (Nariño) fueron dos municipios donde se registraron enfrentamientos entre el Estado Mayor Central (EMC) y el ELN. El hecho originó un desplazamiento, y a la fecha, algunas de las familias no han podido regresar a sus viviendas debido la instalación de minas antipersonal. La advertencia fue realizada por la Defensoría con la ATI 027 del 2023.

Para el caso del Caquetá, tal como lo advirtió la Defensoría del Pueblo en la ATI 029 del 2023, el EMC y la Segunda Marquetalia se han venido enfrentando por el control territorial y social, lo que ha puesto en riesgo a las comunidades de los corregimientos Santana Ramos y La Paz, del municipio de Puerto Rico. La Alerta da cuenta de homicidios selectivos, amenazas, combates en los que la población civil ha quedado en el medio, restricciones y prohibiciones a la movilidad y confinamiento.

“Las comunidades siempre terminan pagando los platos rotos de la irracionalidad. Desplazamientos, confinamientos, amenazas contra su vida e integridad, vulneración de sus derechos a la alimentación, salud, libre movilidad, al trabajo, afectaciones a otros de sus derechos económicos y sociales, y en el peor de los casos: homicidios”, reclamó Carlos Camargo Assis.  

La Guajira y Arauca

Un total de 70 familias de los corregimientos Tigreras y Matitas, de Riohacha (La Guajira), tuvieron que desplazarse por la disputa entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el frente Francisco José Morelos Peñate, bloque Nelson Darío Hurtado Simanca, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Los dos grupos armados están enfrentados por el control territorial de la Troncal del Caribe. La Defensoría advirtió la situación por medio de la ATI 025 del 2023. 

En el sector conocido como Marreros, municipio de Puerto Rondón (Arauca), combates entre el Estado Mayor Central y el frente de Guerra Oriental, del ELN, obligaron al confinamiento de 274 familias y al desplazamiento interveredal de 183 familias. Los hechos habían sido documentados en la ATI 011 del 2023. 

“Al Estado Mayor Central, si tiene una real intención de adelantar un proceso de negociación, a propósito de los diálogos exploratorios que adelanta con el Gobierno Nacional, cese de manera inmediata cualquier afectación a los derechos de las comunidades”, le exigió Camargo Assis a esa disidencia de las antiguas Farc.

En Chocó, la situación de riesgo es mayor

En Chocó, la población civil en Río Iró está en un contexto de amenaza por las confrontaciones entre el ELN y las AGC, que se disputan el control territorial de los corredores de movilidad, abastecimiento y repliegue entre la subregión del San Juan y el cañón de Garrapatas, y, sobre todo, por los corredores estratégicos de movilidad que facilitan las acciones armadas en la vía Tadó-Pueblo Rico-Pereira. La Alerta Temprana 020 del 2023 da cuenta del riesgo en el que están las poblaciones.

El Litoral del San Juan, con la ATI 021-2021, y el Medio San Juan e Istmina, con la ATI 020-21, fueron municipios advertidos debido al riesgo originado por la presencia del ELN y las AGC, estructuras que están en una continua disputa por el control territorial que deriva en rentas del narcotráfico y en ganancias provenientes de la minería ilegal.   

La ATI 029-2021, emitida para San José del Palmar, evidencia los peligros a los que está expuesta la población de su casco urbano y del corregimiento La Italia por la presencia del frente de Guerra Occidental Ómar Gómez  (ELN) y el bloque Pacífico Héroes de Jesús Carretera (AGC). 

El Defensor del Pueblo de los colombianos, pese a la actual situación de orden público, valora los esfuerzos del Gobierno Nacional: “Reconocemos lo que el actual Gobierno está haciendo para alcanzar la anhelada paz para Colombia, país que tanto la clama y reclama; reconocemos también los gestos de aquellos grupos que forman parte de las mesas de negociación, pero necesitamos, y lo reiteramos, que todas la estructuras armadas dejen de combatir entre ellas. La barbarie tiene que parar”.

*Con información de Defensoría del Pueblo