José Humberto Torres, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Atlántico y Magdalena, cuestionó lo que consideró una falta de apoyo por parte de los congresistas de la región a la ley de jurisdicción agraria que debe hacer su trámite ante el legislativo.  

Indicó que la negativa a debatir este proyecto pareciera más una “venganza” político-electoral por no salir elegidos o reelegidos en las recientes elecciones al Congreso de la República.

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“Uno no sabe si se trata de una venganza político-electoral de quienes no salieron elegidos o reelegidos al Congreso, pero es lamentable que muchos congresistas de la región no hayan respaldado un proyecto tan importante como la creación de la jurisdicción agraria”, anotó.

Indicó que es un “contrasentido” que algunos representantes a la Cámara, incluso conocidos en la región Caribe, se hayan opuesto a que avance positivamente este proceso.

“La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, ha estado en el Congreso de la República tratando de impulsar este proyecto de jurisdicción agraria, que sería favorable para avanzar positivamente en los procesos de restitución”, afirmó el alto funcionario.

Torres hizo un llamado al Congreso a que consideren la necesidad urgente que tienen las víctimas de restitución de tierras de contar con una jurisdicción agraria especializada en el tema.

Sostuvo que hoy esta jurisdicción depende prácticamente de las salas civiles de los tribunales y, por esa razón, dijo, es importante lograr el respaldo de los parlamentarios de la región Caribe para que esta ley avance rápidamente.

“Esperamos poder contar, antes de que termine este gobierno, con una de las apuestas más importantes en relación con la tenencia de la tierra y la solución de los conflictos agrarios: la jurisdicción agraria”, apuntó.

Avances en Atlántico y Magdalena

José Humberto Torres aseguró que se viene avanzando de manera positiva con la inscripción de solicitudes en el Registro de Tierras Despojadas o Abandonadas.

Indicó que, en el caso del departamento del Atlántico, se han concentrado fundamentalmente en avanzar en los procesos de titulación colectiva, en los dos últimos años.

“Quiero decir con esto que la ruta individual ha avanzado. Hoy tenemos que el 10% de las solicitudes que existen en los dos departamentos, que corresponde más o menos a 1.066 casos, pertenecen al Atlántico. Sin embargo, hemos privilegiado el proceso colectivo, es decir, el trabajo con sujetos colectivos, comunidades étnicas y afrodescendientes”, dijo.

El director territorial de la URT sostuvo que se tienen procesos de demanda en el municipio de Repelón; en la zona del litoral y en la zona costera.

En particular, los procesos se sitúan en Juan de Acosta, Repelón, Baranoa y Puerto Colombia.

“Lo que hemos hecho es privilegiar ese proceso colectivo porque duplica el número de personas beneficiadas. Estamos abarcando aproximadamente 7.000 personas beneficiadas con estos procesos”, anotó.

Reconoció que estos procesos de restitución han sido lentos. Manifestó que las víctimas no merecen que un proceso de esta naturaleza, de justicia restaurativa, demore tanto.

“Llevamos 15 años de vigencia de la ley y hay procesos que han tardado cinco, seis y hasta diez años. Por esa razón, lo que hemos tratado de hacer en este gobierno es revertir esa tendencia. En gobiernos anteriores, la tendencia era negativa en un 56%. En el caso de Atlántico y Magdalena, la buena noticia es que hemos inscrito el 76% de las decisiones, lo cual implica un paso agigantado para garantizar efectivamente los derechos de las víctimas”, subrayó.

Precisó que estos procesos actualmente no cuentan con el suficiente número de jueces. Indicó que apenas hay tres jueces disponibles para los dos departamentos y un solo tribunal que cobija más de dos departamentos, con apenas tres magistrados y magistradas.

En ese sentido, afirmó que es necesario poder ampliar el número de jueces y magistrados para lograr una justicia “más pronta y eficaz”.

Algunas dificultades en los procesos de restitución

El director territorial manifestó que se han tenido que enfrentar a diversas dificultades en los procesos de restitución en los territorios, entre esos por la ola invernal y problemas grave de seguridad.

Las lluvias en algunos sectores han impedido avanzar en las labores de georreferenciación y, por otro lado, en la zona costera, el ingreso a los territorios ha sido imposible por “la presencia y control de bandas criminales dedicadas al narcotráfico y microtráfico”.

"En el pasado, ese fue un corredor utilizado para la extracción de narcóticos y aún sigue siendo utilizado. El año pasado intentamos realizar allí un trabajo de caracterización, pero no logramos culminarlo debido a las amenazas que recibimos. Nos tocó pedirle al nivel central que asumiera el control para salvaguardar la seguridad de los funcionarios de la territorial”, contó.

Torres aseguró que las amenazas persisten y para ello es necesario, según dijo, acompañamiento directo en algunas zonas del Atlántico y del Magdalena.

“Los altos mandos se han reunido, evaluando la situación y revisando qué garantías pueden ofrecernos para continuar con esta labor de restitución”, puntualizó.