Arriba, Eduardo José Zambrano, y Federico Gaviria Velásquez, condenados por corrupción en caso Odebrecht.
Arriba, Eduardo José Zambrano, y Federico Gaviria Velásquez, condenados por corrupción en caso Odebrecht.
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Otros dos condenados por corrupción en el caso Odebrecht en Colombia

Por incremento patrimonial injustificado y otras conductas.

El juez Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a los empresarios Federico Gaviria Velásquez a seis años y siete meses de prisión; y a Eduardo José Zambrano Caicedo a cinco años y 11 meses de prisión, por diferentes conductas relacionadas con el entramado de corrupción de la empresa Odebrecht.

La decisión señaló que "el material probatorio obtenido por la Fiscalía da cuenta de que los procesados hicieron parte de una empresa criminal, en la que se concertaron con funcionarios y directivos de la firma brasileña para asegurar la adjudicación de obras civiles, específicamente, las que se adicionaron en el proyecto Ruta del Sol II (vía Ocaña – Gamarra), así como buscar el mejoramiento de las condiciones contractuales para el consorcio constructor Ruta del Sol".

Asimismo, quedó demostrado que los sentenciados "participaron en la celebración de una serie de contratos simulados o ficticios para garantizar que los recursos ofrecidos por algunos representantes de las empresas de Odebrecht en Colombia fueran distribuidos entre los funcionarios y particulares, que intervinieron y lograron beneficios para la multinacional en diferentes contratos".

En ese sentido, informó la Fiscalía, "el fallo declaró responsable a Gaviria Velásquez por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particular".

Adicionalmente, le impuso multa de 11.586 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad intemporal para cargos de elección popular.

Como esta persona entregó por concepto de reparación un inmueble ubicado en Cáceres (Antioquia), llamado hacienda El Porvenir, el juez dispuso que el bien sea inscrito en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos a título de la víctima, representada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).