Una veintena de organizaciones sociales internacionales expresaron su preocupación al Gobierno colombiano por el asesinato de defensores de derechos humanos y el incumplimiento en la implementación del acuerdo con las FARC, factores que cree que pueden poner en riesgo la paz en el país.

Las organizaciones valoraron a través de un comunicado el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las FARC el 24 de noviembre de 2016, pero alertaron que "los incumplimientos y retrasos de lo pactado" ponen en riesgo la vida y estabilidad jurídica de los desmovilizados.

"El Estado colombiano tiene la obligación de garantizar los derechos humanos, cumplir con lo pactado en el acuerdo final firmado con la FARC y dar respuestas efectivas para proteger la vida y la dignidad de las personas cuyo trabajo por la paz y los DD.HH. los está poniendo en alto riesgo", afirmaron.

En el comunicado, suscrito por organizaciones como Caritas, Fokus, Oxfam, Mundubat, Pax Christi, Terre des Hommes Suisse y Wola, entre otras, también manifestaron su preocupación por el asesinato de líderes sociales.

"Los asesinatos, amenazas, intimidaciones, estigmatizaciones en contra de las defensoras y defensores de derechos humanos y del medioambiente y las personas vinculadas a la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito ponen en alto riesgo la posibilidad de consolidar la paz definitiva en Colombia", subrayaron.

Las organizaciones citaron un estudio del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) en el que se detalla que el año pasado se registraron 648 asesinatos y 1.151 casos de amenaza de muerte por violencia política.

De igual forma, señalaron que el Programa Somos Defensores publicó en abril pasado un informe en el que se desgrana la violencia contra esa población, que ocasionó la muerte de 16 mujeres en 2018.

En su lista incluyeron además la información publicada en mayo de este año por el diario The New York Times en la que alertó de una polémica directriz del Ejército colombiano para aumentar los resultados en operaciones militares que podría poner en riesgo la vida de civiles.

"Es preocupante la respuesta del Gobierno (del presidente colombiano Iván) Duque ante estas gravísimas denuncias, incluyendo la que hiciera inicialmente el ministro de Defensa (Guillermo Botero) en la que negó la existencia de dicha directriz", agregó.

Asimismo, lamentaron que en ese capítulo la senadora María Fernanda Cabal, del oficialista Centro Democrático (derecha), hiciera "graves señalamientos" que terminaron con la salida del país del periodista del diario neoyorquino Nicholas Casey y el fotógrafo Federico Ríos.

Por todo lo anterior, las ONG solicitaron al Gobierno que ordene a sus funcionarios abstenerse de "emitir declaraciones estigmatizadoras" contra líderes sociales e investigar y sancionar a los autores de los crímenes contra esa población.

Además, solicitó que se sancione la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), garantizar que las operaciones de la fuerza pública se ajusten al Derecho Internacional Humanitario y garantizar el derecho a la información.

"Como organizaciones internacionales de la sociedad civil reiteramos nuestro compromiso con la construcción de la paz completa en Colombia, por la que continuaremos trabajando junto a las víctimas, comunidades rurales, personas en tránsito a la vida civil y en general la sociedad civil colombiana", concluyeron.

EFE