Un Fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra tres integrantes de la cúpula del Comando Central (COCE) del ELN.

"Se trata de Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’; Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo Beltrán’; y Eliécer Herlinton Chamorro Acosta, alias ‘Antonio García’", informó el ente acusador. 

Los jefes guerrilleros son señalados como presuntos autores mediatos de homicidio agravado de los periodistas Julio Daniel Chaparro Hurtado y Jorge Enrique Torres Navas, ocurrido el 24 de abril de 1991 en el municipio de Segovia (Antioquia).

Mediante el proceso, que se adelanta en Ley 600, el ente investigador determinó que los dos comunicadores viajaron hasta Segovia para recaudar información que les permitiera narrar en una crónica los hechos sucedidos el 11 de noviembre de 1988, en lo que se conoció como la ‘Masacre de Segovia’, y que dejó 46 personas asesinadas y 45 más heridas producto de una incursión paramilitar de un grupo comandado por Fidel Castaño Gil.

Los vínculos del ELN

Según la Fiscalía, "la investigación permitió establecer que el homicidio de los dos periodistas fue ejecutado por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) quienes creyeron que los hombres que recién llegaban de Bogotá (3:30 p.m.) hacían parte de la inteligencia militar".

Durante el recaudo de pruebas, los investigadores de la Fiscalía determinaron que estas personas fallecieron por “circunstancias que imposibilitan el ejercicio de la acción penal contra ellos”, según el fiscal del caso, quien agregó que el actuar de los milicianos del ELN, que hicieron efectivo la muerte violenta de Chaparro y Torres, no fue una decisión aislada sino que correspondió a órdenes impartidas por sus superiores en la agrupación armada ilegal.

Crimen de guerra

El asesinato, ocurrido hace 28 años, fue declarado como “Crimen de guerra” por la Fiscalía General de la Nación en diciembre pasado.

“Eran civiles que no participaban en el conflicto”, argumentó el ente investigador tras recordar los tratados internacionales suscritos por el Estado colombiano, por cual consideró aplicable las normas del Derecho Internacional Humanitario.

En este caso, la investigación da por probado que con las muertes de Chaparro Hurtado y Torres Navas se cumple claramente el nexo con el conflicto interno, y que no fueron asesinados por su condición de periodistas.

“Aquí las milicias del ELN actuaron en acatamiento a su misión de combatir a las fuerzas del Estado y opositores a sus objetivos de lucha, con el convencimiento de que las víctimas eran miembros de inteligencia militar, a quienes por demás catalogaban como aliados de los paramilitares, otros de sus enemigos naturales en este extenso conflicto colombiano”, precisa la Fiscalía y agrega que con estos dos asesinatos se incurrió en el llamado “homicidio intencional”.