Como resultado de una visita humanitaria de inspección a la Penitenciaría El Bosque, en la capital del departamento del Atlántico, la Defensoría del Pueblo instauró una acción de tutela encaminada a amparar los derechos fundamentales de acceso al agua, dignidad humana, igualdad y salud de los internos, acción que fue acogida y fallada positivamente por el Juzgado 13 Civil del Circuito. 

Las denuncias recopiladas por la Defensoría indican que desde hace 18 meses el servicio de acueducto sólo se presta dos veces al día en espacios de 45 minutos, situación que sumada al hacinamiento, a las altas temperaturas y a la confluencia de virus que como el Zika y el Chikungunya han acompañado el fenómeno de El Niño, agrava los riesgos por salubridad dentro del establecimiento. 

Al cabo de una segunda visita realizada por el Juzgado, se evidenció cómo las condiciones de infraestructura en el penal, cuyo sistema de almacenamiento y electrobombas (construidos en 1995 para una población aproximada de 640 reclusos), son claramente insuficientes para las 1.900 personas que actualmente permanecen allí privadas de la libertad, circunstancia que impide el suministro adecuado del líquido vital, no obstante el adecuado abastecimiento que reporta la empresa Triple A en el sector aledaño a la cárcel. 

Por estas razones, el Juzgado 13 Civil del Circuito, acogió la solicitud de la Defensoría del Pueblo y ordenó a la dirección del establecimiento penitenciario respetar los acuerdos de suministro en los horarios de 5:30 am a 6:30 am, de 10:00am a 11.00 am, de 2:30pm a 3:30 pm, así como un horario adicional de 6:00pm a 6:30pm para abastecer las baterías sanitarias y llenar los tanques de cada patio. 

Simultáneamente, la instancia judicial de conocimiento, ordenó al INPEC y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), la elaboración e implementación de un proyecto para proveer las adecuaciones y dotación necesarias con recursos del presupuesto nacional, a fin de garantizar los derechos fundamentales de los internos.