Con ocasión de la diligencia de inspección realizada por la Superintendencia de Industria y Comercio, el Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, señaló que la entidad está dispuesta a atender requerimientos de otras entidades, pero advirtió que los funcionarios que realicen dichos procedimientos no se deben extralimitar en el ejercicio de sus funciones.

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“Como funcionarios, es nuestro deber ser transparentes con la información de la Registraduría Nacional. Estamos abiertos a que cualquier entidad la solicite y la inspeccione", indicó.

"Por eso, nunca nos negamos a la inspección de la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que nos preocupa es el abuso de poder y la extralimitación de funciones por parte de algunos servidores públicos frente a una entidad autónoma e independiente como lo es la Registraduría Nacional”, agregó el registrador nacional del Estado Civil.

Hernán Penagos recordó que la Registraduría Nacional del Estado Civil es una entidad con autonomía administrativa, contractual y presupuestal, que tiene a su cargo el registro de la vida civil e identificación de los colombianos y la realización de los procesos electorales y los mecanismos de participación ciudadana, con plenas garantías para los colombianos.

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El caso

Las afirmaciones del Presidente Gustavo Petro de que el sistema electoral colombiano es permeable al fraude de cara a las elecciones de 2026 no se quedaron en solo palabras.

Según reveló Semana, el pasado martes 12 de marzo la Superintendencia de Industria y Comercial, que está bajo el mando de una pieza petrista como Cielo Rusinque, realizó una inspección de cuatro horas en la sede de la Registraduría en Bogotá.

Habría comenzado a las 2:00 p.m. y habría terminado a las 6:00 p.m., y al parecer la labor era investigar el papel y actuar en el proceso electoral de Thomas Greg & Sons, firma que maneja la logística de las elecciones en el país.

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Esta compañía ha sido señalada por Petro en varias oportunidades, ya que fue la ganadora del polémico proceso licitatorio de los pasaportes el año pasado, mismo que fue declarado desierto por el hoy canciller suspendido, Álvaro Leyva Durán.

La Super habría intentado llevarse computadores y celulares de funcionarios, así como hacer copias espejo de información sensible en posesión de la Registraduría, que impidió este accionar indicando que la entidad de Rusinque no tiene esta competencia.