Al paso de los cuestionamientos que responsabilizan al Gobierno por el traslado del congresista Bernardo ‘Ñoño’ Elías del pabellón ‘Erre’, al de máxima seguridad de la cárcel La picota de Bogotá, salió el Ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, este viernes.

“No hubo ninguna orden presidencial”, dijo en tono enfático el titular de la cartera de justicia en Barranquilla.

Sostuvo que la seguridad del político “es una preocupación que tenía como Ministro de Justicia y como cabeza del sector frente a información de medios televisivos y medios radiales en el entendimiento de que en el patio ‘Erre Sur’ se estaba dando alguna situación entre algunos internos”.

Acto seguido explicó que “en virtud de una disposición legal que es el artículo 58 (Código penitenciario), que en su parágrafo da una competencia exclusiva al Inpec para que cuando se presenten situaciones, entre ellas, para el caso que nos ocupa, pueda haber peligro para la vida de un interno, o de otros internos, el director del Inpec tiene la competencia legal para el fin de prever, salvaguardar cualquier ataque, cualquier agresión frente a una de las personas”.

También negó el Ministro que dicho traslado haya sido para “desmejorar” las condiciones carcelarias del interno.

“Cualquier persona que esté detenida. Que se tenga conocimiento de que puede ser víctima de una agresión, que su vida pueda correr peligro, inmediatamente tenemos la herramienta legal y el director del Inpec tiene la herramienta para hacerlo” anotó.

Recordó también  que a través de publicaciones de prensa “la misma abogada estaba haciendo manifestaciones de esa situación y los medios periodísticos desde la semana pasada han señalado que hay unas fricciones o qué habían motivos suficientes. Ello no significa que cumplir la ley  sea una tragedia o una desgracia”.

Fue claro en señalar el Ministro de Justicia que “el señor Ñoño Elías, como todos los reclusos deben tener las garantías, el respeto a la dignidad que sean necesarios que deben tener todos los reclusos. Se ha dicho que se pasó a una cárcel inhumana, si fuese él o algunos de los reclusos, tendríamos que solucionar eso rápidamente”.

Finalmente descalificó el registro del comandante de patio que fue quien en la bitácora anotó que el traslado había sido “por orden presidencial”. “Lo que pasa es que el acto administrativo que se tiene en cuenta es dictado por el señor director del Inpec. El señor director hace una llamada y el informe del comandante de patio registra algo que no corresponde. El hecho verídico es el acto administrativo que es público que está a disposición de todo el mundo”. remató.