El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, se pronunció este lunes en torno al decreto que crea la Comisión Intersectorial para la promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana.

Según Barbosa, en dicha Comisión no está la Fiscalía y expresó que una de las funciones de esta es recomendarle al Presidente si admite o excluye a personas que pertenecen a organizaciones sociales humanitarias, que se encuentren privadas de la libertad, algunas de ellas de la llamada ‘primera línea’.

“Esa recomendación necesariamente debe tener una solicitud, en caso de que se admita, ante los jueces de la República, que son la última palabra frente a cualquier salida de estas personas. La Fiscalía está atenta a todo ese procedimiento y decirle al país que lo que hemos hecho en las investigaciones judiciales frente a todas esas personas que cometieron delitos graves como las torturas, los homicidios, la quema del Palacio de Justicia de Tuluá, la quema de una sede de la Fiscalía en Popayán, la destrucción del Instituto de Medicina Legal, todos esos hechos fueron sustentados debidamente por la Fiscalía y le cumplimos al país. La tarea de la Fiscalía es continuar preservando el orden institucional”, señaló Barbosa.

Agregó que, para la Fiscalía, “no puede quedar en libertad” ninguna persona que haya cometido delitos graves y que haya sido condenados por la justicia.

“Espero que la judicatura, con la cual nosotros trabajamos, en el marco de su autonomía e independencia, tome las decisiones correspondientes en el marco del ordenamiento jurídico colombiano. La Fiscalía continúa con sus funciones de judicialización de actos o de hechos constitutivos de delitos en Colombia. No vamos a frenar hasta el último día de mi función como Fiscal”.

Barbosa dijo que no entendía bien la figura del ‘gestor de paz’, promovida por el gobierno de Gustavo Petro.

“Lo que se habla dentro del decreto es de un vocero. Tendrían que explicarle al país que es un vocero de quién y de qué y en el marco de qué proceso de paz para que haya mayor claridad. Conversé con los ministros del Interior y de Justicia para que me explicaran en qué consistía esto y los dos me confirmaron que la justicia era la encargada de dar la última palabra frente a cualquier salida o admisión de estas personas privadas de la libertad. Cada juez, en el marco de su autonomía, los que deciden eso. La Fiscalía no tiene roles en este tema”.

En cuanto al caso de las personas fallecidas en Bogotá tras ingerir licor adulterado, Barbosa fijó su posición.

“Nosotros hemos judicializado grandes estructuras criminales en cuanto a este tema, decirle a la ciudadanía que debe tener un mecanismo de prevención y comprar licor en lugares oficiales y establecidos. Nosotros seguiremos judicializando, en eso el gobierno debe tener unas campañas de prevención y nosotros lo que hacemos es constatar los hechos que ocurren, judicializar y llevar a la justicia a los responsables”.