El Juzgado Segundo Civil de Villavicencio rechazó la acción judicial presentada por los sacerdotes Carlos Julio Betrán Gutiérrez, Wilson Alirio Sandoval Niño y Fernando Rodríguez Lozano, con la que pretendían censurar la publicación del libro ‘Este es el cordero de Dios’, que revela un presunto episodio de pederastia e inducción a la prostitución en la Arquidiócesis de la capital del Meta.

Los clérigos solicitaban la protección de sus derechos fundamentales al nombre y a la honra, por considerar que las afirmaciones que se presentan en el libro son falsas y no tienen ningún sustento.

El despacho consideró que los derechos fundamentales señalados por los sacerdotes, “deben ceder en relación con los de la libertad de expresión e información del demandado”.

Lo anterior debido a que los religiosos no lograron “probar que la información publicitada fuera falsa o errónea; mientras que el accionado sí mostró la mínima diligencia que jurisprudencialmente se le exige en estos asuntos, su obra no parte de suposiciones o artificios mentales, sino de una labor investigativa”, precisa el juez.

En la sentencia se destaca que tras solicitar información para evaluar la tutela, se allegó la declaración de una mujer que trabajó durante muchos años con la Comisión Arquidiocesana para la Protección de la Infancia y Adolescencia, en Villavicencio.

La declarante sostuvo información que coinciden con los señalamientos hechos en el libro, en los que se menciona la participación de varios sacerdotes en este caso de pederastia.

La publicación, del escritor Juan Pablo Barrientos, revela la historia de ‘Pedro’, quien denunció haber sido víctima de abuso sexual e inducción a la prostitución por 38 sacerdotes en la capital del Meta. 

Esta es la segunda parte de una investigación periodística que tiene relación con los hechos de pederastia que se han registrado en varias regiones del país y las cuales habrían sido encubiertas por la Iglesia. 

Igualmente se advierte en la obra sobre los hechos que se adelantaron dentro de la misma Arquidiócesis para encubrir a los sacerdotes y evitar que se conociera el caso.
 
Asimismo se tuvo en cuenta la existencia de una denuncia presentada por la víctima de estos actos en la Fiscalía General, en contra de los representantes de la Iglesia Católica.