Un nuevo episodio de estafa que ocurrió en Santa Marta, enciende las alertas y el debate de si está bien creer en la buena fe de las personas y/o aplicar aquella reflexión de los abuelos cuando decían que para vivir en este mundo toca “tener malicia indígena”.

Las víctimas por modalidad de estafa siguen aumentando en el país. De acuerdo a las cifras registradas por la Fiscalía en lo que va de 2017, 8.012 casos se han denunciado en esta institución, lo que representa un incremento del 3% en comparación con el mismo periodo del año anterior.  

Este martes, Seguimiento.co atendió la denuncia de una lectora y un grupo de ciudadanos que enardecidos reclamaban y señalaban a Ángela María Prado Lozano, que con falsos documentos, cheques y tarjetas, los disuadía para que les prestara dinero o les facilitara mercancía que no les ha pagado.

Una de las víctimas, Fabiana Mojica, que se dedica al comercio, conoció a la señalada timadora en casa de una amiga mientras realizaba una venta. Ese mismo día decidió hacer el negocio con la mujer de una mercancía avaluada en $12 millones.

“Ella me mostró un cheque por $104 millones y me dijo que en cuatro días se hacía efectivo el depósito del dinero para realizarme la trasferencia de lo pactado”, afirmó Mojica quien además asegura que creyó en la mujer porque la trajo hasta su casa y se presentó como cristiana evangélica.

Pasó una semana y al ver que la trasferencia no se realizaba Mojica decide ir hasta la casa de Prado Lozano, al llegar se encuentra con la sorpresa que en la puerta de la vivienda estaban otra dos personas que también alegaban que la señora les había presentado documentos falsos y no les había pagado.

“Ángela me pidió prestado $30 millones para supuestamente invertirlos en su negocio que era un restaurante, y se comprometió a que en un mes pagaría el dinero pero ya ha pasado un año y no me ha dado ni un peso”, aseguró Adela Granados otra de las víctimas.

Pasadas las 10 de la mañana de este martes llegaron hasta la casa de la sindicada 7 personas que aseguraban que la mujer les debía altas sumas de dinero, y que había usado el mismo modo de operar: documentos falsificados. La policía estuvo presente para evitar que se alterara el orden y en medio de la reclamación el esposo de la señora salió en defensa de su mujer.

“Ella sí está esperando una herencia de su padre, lo que sucede es que esas sucesiones no son rápidas, yo les pido 15 días para darles una respuesta de cómo está la situación y les prometo que si no hay dinero les voy hablar con sinceridad. Pero les voy a decir algo que nadie sabe: Ángela es enferma psiquiátrica”, afirmó Luís Álvarez.

Las personas se mostraban desesperadas frente a la situación, “ya hemos esperado bastante y la verdad no ha cumplido ni un solo acuerdo de pago que hemos realizado con ella, sin embargo voy a esperar pero que me devuelva mi dinero”, afirmó Juan Carlos Moscote, otra persona que le prestó $13 millones al creer que era fidedigno el contrato realizado con las Tiendas Ara por ventas de almuerzo para el personal del almacén.

Después de casi dos horas el grupo de denunciantes, cuya suma entre todos supera los 150 millones, decidieron darle los 15 días solicitados y esperar que el señor Álvarez les dé una respuesta.

En medio de la salida del lugar los ánimos se calentaron, el esposo de la acusada dijo “¿saben con qué le iba a responder a ustedes cuando llegaron?”, y  metió su mano derecha en su mochila, cuando todos pensaron que iba a sacar un arma, el hombre mostro una biblia y afirmó con voz fuerte: “con esta es que me defiendo, yo soy un cristiano”, los policías ya se había preparado para responder en caso de un altercado que se imaginaron.

Algunos de los reclamantes decidieron ir a la Fiscalía para interponer la demanda. “Cuando fui a colocar la denuncia me encontré con que la señora tiene 15 casos por estafas en su contra y su esposo tres procesos”, afirmó Mojica a este medio digital.

Sin embargo, Seguimiento.co indagó sobre la situación legal de la señora Ángela María Prado Lozano y logró evidenciar dos demandas en su contra que se registran en el sistema de acceso público.