El Ministerio del Trabajo informó esta noche que como resultado de la inspección realizada el pasado 26 de marzo a Caracol Televisión, se expidió el auto No. 0010 del 7 de abril de 2026, mediante el cual se imponen medidas preventivas de ejecución inmediata a ese canal de televisión.

La medida se adoptó ante la identificación de presuntos riesgos actuales de afectación a los derechos fundamentales de las personas trabajadoras

La actuación administrativa se inició después del escándalo que costó la salida en días pasados de los periodistas presentadores Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego tras múltiples denuncias de presunto acoso sexual.

Según un comunicado del MinTrabajo, la visita permitió evidenciar una brecha entre los protocolos formales de la empresa y su aplicación efectiva:

Presunta existencia de conductas reiteradas de acoso sexual laboral, no limitadas a hechos aislados.

Subregistro de denuncias, asociado al temor a represalias y la desconfianza en los canales institucionales.

Falta de investigaciones disciplinarias estructuradas, pese a denuncias conocidas por el empleador.

Deficiencias en la trazabilidad y gestión de quejas, que comprometen la eficacia de los mecanismos internos.

Durante la visita de inspección, y posteriormente, el Ministerio del Trabajo también recibió denuncias por presuntos actos de acoso laboral y sexual en el lugar de trabajo por parte de trabajadores y trabajadoras de la empresa.

Estos elementos permiten advertir la existencia de un riesgo actual de repetición de conductas y de vulneración de derechos como la dignidad humana, la igualdad y el trabajo en condiciones dignas y justas.

Aunque la empresa adoptó decisiones iniciales frente a los hechos denunciados, el Ministerio concluyó que estas no cumplieron con los estándares de debida diligencia, al no evidenciarse procesos de investigación estructurados ni acciones orientadas al esclarecimiento integral de los hechos.

En este contexto, el ministro del Trabajo Antonio Sanguino señaló: “No toleraremos el silencio ni la impunidad en el mundo laboral. Los protocolos no pueden ser un saludo a la bandera: deben funcionar y proteger efectivamente a las personas trabajadoras.”

El Ministerio ordenó a la empresa la adopción de acciones urgentes, entre ellas:

Protección integral de víctimas, denunciantes y testigos

Garantías de no revictimización y no represalia

Inicio de investigaciones internas con enfoque de género

Medidas de reparación y garantías de no repetición

Fortalecimiento de los canales de denuncia y su trazabilidad

Investigación sobre la filtración de información

Reconstrucción de antecedentes disciplinarios

Incorporación del enfoque de género y diversidades

Acciones inmediatas de sensibilización y prevención

Al respecto, la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, afirmó: “El miedo a denunciar no puede seguir siendo la regla en ningún lugar de trabajo. Estas medidas buscan garantizar protección efectiva y transformar las condiciones que permiten la repetición de estas conductas".

La medida adoptada tiene carácter:

Preventivo, inmediato y obligatorio

Transitorio, mientras se adelantan las actuaciones administrativas

Su incumplimiento podrá agravar la responsabilidad del empleador

El Ministerio del Trabajo continuará con el seguimiento riguroso del caso y la verificación del cumplimiento de cada una de las órdenes impartidas.

El Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la construcción de entornos laborales seguros, dignos y libres de violencia, e insiste en que las empresas deben garantizar que sus mecanismos internos sean efectivos, confiables y centrados en la protección de las personas.