“Nosotros hemos mantenido como estrategia esencial el distanciamiento de niños, niñas y adolescentes como factor fundamental para poder contener la epidemia, pero según la literatura científica y técnica éste tiene unos impactos que deben tenerse en cuenta para poder dimensionar y tomar decisiones frente a lo que implica la necesidad del regreso a clases”.

Así explicó el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, los aspectos generales del protocolo de bioseguridad para el regreso a las aulas de clase en instituciones educativas de diferentes niveles ante los miembros de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes.

Ruiz Gómez enfatizó en la importancia de seguir unos lineamientos con el fin de reactivar el sector educativo sin que se generen rebrotes.

Afectaciones a la salud

En primera instancia abordó cómo se ve afectada la salud física con el distanciamiento. Sedentarismo, alteración de rutinas y hábitos del sueño, afectación del desarrollo cognitivo y disminución en la cobertura de valoración integral en salud y vacunación, son los principales impactos negativos en los niños, niñas y adolescentes, producto del confinamiento. También habló sobre la salud mental y sus alteraciones como ansiedad, depresión, violencia doméstica.

Asimismo, la falta de contacto rutinario con estructuras de cuidado de educación y salud ha perjudicado la detección temprana y el abordaje de las violencias hacia niños, niñas y adolescentes. Además, el distanciamiento físico dificulta los vínculos y el contacto social. “Según encuestas nacionales, el 88% de los niños, niñas y adolescentes presentan signos relacionados con salud mental en el comportamiento”, indicó el ministro 

Medidas generales

La evidencia científica disponible señala con referencia al Covid-19 que existe en los niños, niñas y adolescentes una menor frecuencia de infección, menor intensidad en la presentación de los síntomas y una transmisión similar a la de los adultos, lo que conlleva a una “situación de dualidad muy compleja de manejar, como es tener una población infantil con efectos sanitarios”, expresó Ruiz Gómez.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud y Protección Social ha planteado la alternancia como estrategia conjunta con el Ministerio de Educación, con el que se ha venido desarrollando el protocolo de bioseguridad para la reactivación del servicio educativo presencial, que permita un retorno progresivo manteniendo las medidas preventivas para evitar la propagación del SarsCov-2. El protocolo se encuentra en estado avanzado y se espera que pueda ser expedido prontamente.

En cuanto a medidas locativas, el suministro de agua potable para el consumo, la limpieza y desinfección de tanques y toda la infraestructura educativa, disposición de insumos para la higiene, limpieza y desinfección, ventilación, señalización y distanciamiento entre pupitres y comedores para tener un menor contagio

Escalonar tiempos de ingreso y salida de personas y vehículos para evitar pérdida del distanciamiento físico que conlleve a aglomeraciones y aumento en la tasa de contagio. Toma de temperatura con planillas para el registro y control de todas las personas que acudan a la institución.

Instituciones

Las instituciones que atiendan menores de 2 a 5 años deben verificar que ellos cumplan con el esquema de vacunación. Además, se debe priorizar el trabajo individual, en parejas o grupos pequeños para minimizar la posibilidad de contacto físico.

Por otro lado, las instituciones de educación superior con residencia o alojamientos deben tener espacios de aislamiento para asegurar el distanciamiento y seguir el protocolo cuando se presenten casos.

El jefe de la cartera de Salud hizo un llamado a “Considerar la escuela como un ente absolutamente dinámico en el cual no solo hay una interacción de estudiante a profesor, sino todo lo que llamamos la comunidad educativa y los terceros, que se asocian a las integraciones y relaciones porque muchas veces dentro de estas interacciones van a estar las probabilidades de contagio”.

Finalmente, el ministro dijo que se establecerá un flujo de comunicación y alertas entre las instituciones educativas y las secretarías de Salud y Educación de los entes territoriales, con el fin de que se cumplan los protocolos vigentes para la detección de casos.