La Defensoría del Pueblo Regional Atlántico desarrolló este martes, en compañía de la Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico, la octava mesa técnica para dignificar las condiciones de las personas privadas de la libertad (PPL) en el departamento, como seguimiento de la Sentencia de la Corte Constitucional SU-122 de 2022.

Durante la jornada se plantearon todas las problemáticas, como el acceso a los servicios de salud, suministro de alimentación, infraestructura inadecuada para albergar personas privadas de la libertad por largos periodos de tiempo, acceso a la justicia, servicios públicos, entre otros.

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Estas situaciones vienen siendo tratadas en el desarrollo de las ocho mesas de trabajo que hasta el momento se han ejecutado con la presencia de las diversas autoridades. 

Hoy, particularmente, se hizo énfasis en la celebración de convenios por parte de los entes territoriales y el Inpec  y la ejecución de aquellos que ya se encuentran suscritos, el seguimiento a los entes territoriales que por mandato de la Ley 2346 de 2024 a partir del primero de julio tienen la obligación de suministrar la alimentación a las personas privadas de la libertad en las estaciones de policía y Centros de Detención Transitorios, seguimiento a la prestación de los servicios de salud para dicha población a través de las secretarías de salud de los respectivos municipios, seguimiento y verificación del traslado de los privados de la libertad de las estaciones de policía hasta los Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (Eron) cuando su situación judicial haya resultado en una condena.

Igualmente, en la articulación de actividades entre la Policía Metropolitana de Barranquilla, la Registraduría y Migración Colombia para definir asuntos relacionados a la identificación de PPL nacionales y extranjeros que se encuentran detenidos sin confirmar su plena identificación.

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Finalmente, se escucharon propuestas, se planteó llevar a cabo mesas de trabajo por temas específicos y con los actores llamados a intervenir en la solución de dichos temas, con el fin de avanzar y encontrar resultados que mejoren las condiciones y dignifique la vida de las personas privadas de la libertad quienes gozan de todas las garantías constitucionales y se les deben proteger sus derechos humanos.