El Tribunal Administrativo del Magdalena admitió la demanda del abogado Miguel Martínez Olano, ante la crítica situación que atraviesa el municipio de Salamina, Magdalena, luego que la problemática de la erosión volviera a resurgir con más fuerza y amenace con inundar el municipio.

La magistrada María Victoria Quiñones, fijó una audiencia para este 25 de mayo a las 9:00 am, donde deberá comparecer los delegados del ministerio de Transporte, Invías, Cormagdalena, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la Gobernación del Magdalena pero especialmente se hace hincapié en que se presente el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo Abondano, luego que se evidenciara una posible actuación negligente ante la problemática en Salamina.

Esto, tomando en consideración, que tal como lo explica el abogado demandante, en el mes de febrero fue la justicia que ordenó a las entidades hoy demandadas, la realización de un plan integral para la solución definitiva de la erosión costera. Dicho plan, contó con un concepto dado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que también brindará su aporte en la audiencia.

No obstante, no se habría ejecutado esta ordenanza, que hoy mantiene en vilo al municipio de Salamina, que se encuentra incomunicado con El Piñón, viviendo una verdadera situación de alerta.

“En febrero, un juez ordenó al Ministerio de Hacienda dar los recursos para la solución definitiva del problema en Salamina, sin embargo, Minhacienda impugnó esta decisión argumentando que no tenía todos los recursos necesarios. Además, dio a conocer que a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se le asignó un presupuesto de $300.000 millones, de los cuales $30.000 fueron asignados para el departamento del Magdalena, lo que los instaba a colaborar económicamente para la atención del problema de erosión”, explicó el abogado Martínez.

Pese a esto, y en concordancia con lo denunciado por los salamineros, no se habrían girado los recursos para empezar a efectuar dicho plan, sino que en cambio se han hecho intervenciones menores calificadas como ‘pañitos de agua tibia’ ante el verdadero problema.

Por estas circunstancias, tal como lo explica el abogado, desde el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, el gobernador Carlos Caicedo, y los representantes de las entidades demandadas estarían incurriendo en un delito conocido como ‘fraude a resolución judicial’ que fácilmente podría terminar en cárcel.

Tal es la situación crítica en Salamina, que en un hecho considerado transcendental para los juristas, un magistrado llama a comparecer a un ministro de la República, pues en el normal orden de los hechos, estos son citados es por el Congreso.