Por José Granados Fernández
@JoseGranadosF

La profunda crisis de la Universidad Autónoma del Caribe, que estalló en la administración del investigado exrector Ramsés Vargas Lamadrid, sigue dando sorpresas semana tras semana.

En momentos en que esta institución no cumple con la entrega de información y sus respectivos soportes solicitados por el Ministerio de Educación sobre decisiones administrativas y financieras ordenadas en la administración del cuestionado Vargas Lamadrid, siguen llegando insospechadas cuentas de cobro sobre las cuales ni siquiera hay contratos en los archivos.

Emisora Atlántico y Zona Cero.com conocieron que, hace pocos días, llegó la factura de un cobro millonario por el arriendo de un apartamento amoblado en una de las torres del Blue Gardens, al norte de la ciudad, lo que tomó por sorpresa a quienes hoy buscan resolver la crisis.

Hasta ese momento tal acreencia era desconocida. Al indagar por el contrato para ver de qué se trataba, la sorpresa fue mayor porque no encontraron ningún documento que avale dicho cobro. Quien llevó la factura preguntó por el exvicerrector Administrativo Pedro Sierra, con quien, al parecer, se habían entendido en meses anteriores.

“¿Para qué era utilizado el apartamento; qué tipo de reuniones o encuentros privados tenían lugar allí; pagaban ese arriendo con cheques o en efectivo? No entendemos para qué lo usaban, pues muchas veces a la universidad le tocó buscar a patrocinadores de eventos para que pagaran en hoteles el hospedaje de conferencistas o invitados especiales”, señaló una de las fuentes consultadas.

“El problema -indicó- es que Pedro Sierra no entregó información alguna sobre todos los contratos que manejó; como tampoco la entregó la exvicerrectora Financiera Johana Hildebrand, quien también salió”.

Sobre el cobro del arriendo del apartamento amoblado, la rectora Claudia Dacunha dijo a Emisora Atlántico y Zona Cero.com que no tenía información. Sostuvo que, tras su primera semana en el cargo, está a la espera de un “informe detallado” sobre las deudas que tiene la universidad, tanto las que identificó inicialmente el Ministerio de Educación como las que siguen apareciendo.

Esperan información 

En este escenario financiero de deudas y acreencias, el Ministerio de Educación, a través de la inspectora in situ, Martha Sánchez Zapata, sigue indagando por información muy puntual que preocupa por el costo mensual de deudas y el pago de intereses frente a la crisis de la Uniautónoma.

De acuerdo con la Resolución 06553 del 18 de abril pasado, mediante la cual fue separado del cargo, por un año, al rector Víctor Armenta Del Gordo, al considerarse que había “incumplido la entrega de información y documentación solicitada” y que había “dificultado la implementación de medidas y órdenes” de la inspectora in situ, el Mineducación reafirma que sigue a la espera de que le certifiquen el valor total de las matrículas del primer y segundo semestre de 2017 y el primero de 2018.

Sobre las matrículas del presente año la universidad debe anexar los soportes que acrediten el uso de esos recursos desde el momento en que empezaron a recibir los pagos. De acuerdo con denuncias de estudiantes y padres de familia, gran parte de estos dineros fueron recibidos en la Autónoma en efectivo y los “guardaban en bolsas negras” que no se sabe qué rumbo tomaron.

Deudas, pagos y saldos

El Ministerio pone especial énfasis en que la Revisoría Fiscal, a cargo de la empresa estadounidense Baker Tilly -cuestionada por la comunidad universitaria porque no advirtió nada de la crisis que se estaba gestando-, expida una certificación en la que indique el valor pagado en 2016, 2017 y lo corrido de 2018 por asesorías jurídicas y/o defensas judiciales externas, además de que especifique la justificación de estos gastos y las autorizaciones de los contratos con Abogados Asociados Dafelt S.A.S.; Álvaro José Hernández; Álvaro Ruiz; Luis Ruiz Caro; Carlos Ernesto Molina Monsalve; Carlos Alberto Pachón Vargas; Chapman & Asociados S.A.S.; Jaime Granados Peña; Medina Salazar Quintero S.A.S.; Nelson Eduardo Guzmán Villegas; Pico Consultores Legales S.A.S. y Yesenia Medina Sánchez.

Asimismo, el Mineducación reitera que espera copias escaneadas de los soportes que dieron origen a deudas, saldos o pagos registrados a nombre de acreedores, proveedores o contratistas como Investments Los Girasoles por 370 millones; B&V Comunicaciones Estratégicas S.A.S por 3.483 millones; Inversiones Agropecuaria de la Costa S.A.S. por 750 millones; Juriservir S.A.S. por 5.561 millones y Tabo Construcciones S.A.S. por 229 millones de pesos.

En cuanto al Plan de Mejoramiento rechazado a la Uniautónoma porque estaba incompleto, en la Resolución 06553, firmada por la ministra Yaneth Giha, se insiste en que deben tenerse en cuenta todas las observaciones y hallazgos consignados en el informe que la administración de Ramsés Vargas les ocultó durante semanas a la Sala General, órgano de gobierno que solo lo recibió después de que Emisora Atlántico yZona Cero.com revelaron la gravedad de los hechos encontrados.