Cerca de 84.000 policías se desplegaron hoy en toda Colombia para garantizar la seguridad de la consulta anticorrupción que transcurre con normalidad en sus primeras horas, informaron hoy fuentes oficiales.

De los uniformados dispuestos en todo el territorio colombiano como parte del denominado Plan Democracia, 46.000 están dedicados a vigilar el normal desarrollo de la jornada, según detalló la Policía en un comunicado.

De los 10.998 puestos de votación instalados, que incluyen 95.697 mesas en 1.102 municipios, 6.920 están a cargo de la Policía Nacional, 3.960 bajo la vigilancia de las Fuerzas Militares y 118 tienen presencia mixta, agregó la información.

Por otra parte, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, indicó a periodistas que la jornada transcurre con normalidad y explicó que 192 mesas electorales tuvieron que ser trasladadas "por diferentes razones", si bien aclaró que "ninguna fue de orden público".

Botero comentó que el principal inconveniente se produjo en Anorí, departamento de Antioquia (noroeste), donde el vehículo que transportaba el material electoral tuvo un accidente y el conductor falleció.

Sin embargo, todo el material fue entregado "de manera oportuna" en los centros de votación.

Por otra parte, dijo que hubo dos atentados con explosivos en Puerto Tejada e Inza, ambos municipios del departamento del Cauca (suroeste) que no causaron víctimas.

También en Jamundí, departamento del Valle del Cauca (suroeste), se produjo "un hostigamiento" a una patrulla, si bien aseguró que ninguno de esos tres incidentes "parece estar relacionado" con el Plan Democracia.

En total, 36.421.026 ciudadanos, 18.819.136 mujeres y 17.601.890 hombres, están habilitados para votar en Colombia y en el exterior, para lo que hay habilitados 11.233 puestos con 97.027 mesas de votación.

Sin embargo, para que la consulta tenga validez, deben votar en total 12,1 millones de personas, lo que supone una tercera parte del censo electoral.

Esta consulta incluye siete preguntas, a cada una de las cuales los colombianos pueden responder con "sí" o "no".

Entre las cuestiones sobre las que deben pronunciarse hay temas como la reducción del sueldo a los congresistas y funcionarios públicos que ganen el equivalente más de 25 salarios mínimos legales vigentes.

También la posibilidad de endurecer las penas para los corruptos, así como prohibirles que vuelvan a suscribir contratos con el Estado. 

EFE