La Ministra de Educación, Yaneth Giha Tovar, ordenó apertura de investigación administrativa preliminar, como consecuencia de los “errores involuntarios” en las liquidaciones de sentencias judiciales que propiciaron una segunda y tercera reclamación por parte de los demandantes.

La decisión fue adoptada "con el fin de establecer si existe o no vulneración de las disposiciones constitucionales, legales, así como las estatutarias y reglamentarias internas de la institución que regulan la prestación del servicio público de educación superior por parte de la Universidad del Atlántico, su representante legal, el rector y los directivos. En caso afirmativo proceder a individualizar a los posibles responsables de las faltas y determinar si hay lugar a imponer o no las sanciones administrativas correspondientes”.

La investigación se deriva de la comunicación interna 2016-IE-044083 del 7 de septiembre de 2016, cuando se allegó por parte de la Subdirectora de Desarrollo Sectorial de la Educación Superior del Ministerio, información relacionada con la Universidad del Atlántico concerniente a “errores involuntarios” en la liquidación del pago de sentencias judiciales a empleados de la institución.

Igualmente, mediante oficio 2016-IE-046092 del 19 de septiembre de 2016, el Grupo de Mejoramiento Institucional de la Subdirección de Inspección y Vigilancia del MEN remitió al Grupo de Investigaciones Administrativas el informe de la visita realizada a la Universidad, que contiene evidencias y/o hallazgos de carácter financiero, relacionadas con el presunto incumpimiento de los principios, objetivos y calidades señaladas en el plan general de contabilidad pública, en cuanto se refiere a información de estados financieros no confiables, desde 2007 a la fecha.

Así mismo, por algunas inconsistencias con la depuración de la información contable de la institución, entre otros aspectos  financieros que presuntamente puedan generar una indebida conservación y/o aplicación de rentas.

La misma Subdirectora, mediante comunicación interna 2017-IE-018632 del 26 de abril de este año, remitió a la Subdirección de Inspección y Vigilancia “requerimiento 04 incumplimiento acuerdo reestructuración de pasivos, incumplimiento compromisos y requerimientos Comité de Vigilancia”,  de Uniatlántico, suscrito por la promotora de dicho acuerdo, en la cual hace alusión a presuntas irregularidades de carácter financiero,

Por otra parte, mediante oficio 2017-IE-025967 del 6 de junio de este año, el Grupo de Mejoramiento Institucional de la Subdirección de Inspección y Vigilancia del MEN, remitió al Grupo de Investigaciones Administrativas el informe de auditoría expedido por Lenin Vizcaino Sierra, en su calidad de Subcontralor Departamental del Atlántico, donde relaciona unos presuntos hallazgos de incidencia fiscal.

Para la actual administración de Uniatlántico, liderada por Carlos Prasca desde el 22 de junio de este año, la investigación es oportuna y saludable, considerando que “este es el momento para evidenciar las dificultades encontradas y la ruta de mejoramiento que la dirección está dando a la Universidad”.

Las investigaciones las viene realizando el MEN desde 2012 y las auditorías se intensificaron desde 2014 con la llegada de Rafael Castillo Pacheco, como Rector (e) y continuaron durante el periodo de Rafaela Vos Obeso, también en su condición de Rectora (e).

Según la actual administración, la investigación y el Plan de Mejoramiento que desarrolle la Universidad con la asesoría y orientación del MEN permitirá evidenciar los responsables individuales de los hallazgos financieros y defraudaciones y eso dará pie para que la investigación sea una oportunidad para la institución y la nueva administración, establecer las actuaciones esperadas desde hace años por la comunidad universitaria y la sociedad en general.

En este sentido, en los próximos días la Universidad del Atlántico dará a conocer las primeras 18 acciones de repetición contra funcionarios y exfuncionarios presuntamente responsables de estos hechos.