La Contraloría General de la República, en la más reciente auditoría adelantada a la Policía Nacional, evidenció graves irregularidades que afectan la seguridad de los habitantes de la capital de la República.

Se trata de la falta de operatividad, por deficiente mantenimiento, de más del 50% de las cámaras de video que integran el Sistema de Video Vigilancia en la ciudad de Bogotá, que hace parte del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad – SIES.

Además, al momento de la auditoría, la construcción del nuevo Comando de la Policía Metropolitana se encontraba suspendida de manera indefinida.

Llamó fuertemente la atención de la Contraloría, el contrato para el suministro de combustible a través del cual se vienen llenando los tanques de gasolina de vehículos no pertenecientes a la institución policial. La deficiente supervisión de dicho contrato, admitió facturas sin soportes, y otros que evidenciarían el suministro de combustibles no contratados, o servicios prestados a otras entidades o empresas que no hacen parte del convenio.

Tan solo en el contrato de suministro de gasolina, se habrían detectado pérdidas superiores a los $800 millones de pesos, y el daño fiscal podría ser mayor, en la medida que el contrato se encontraba en ejecución durante el proceso auditor, y el monto evaluado correspondió a las reservas presupuestales del año 2016 involucradas en la financiación del contrato.

Frente las obras contratadas con recursos públicos, se identificó que en algunos contratos de obra, la Policía Nacional con el aval de las interventorías, recibió a satisfacción y pagó actividades que no habían sido ejecutadas por los contratistas. Uno de los casos detectados fue un Convenio de Asociación de 2009, donde con recursos de la Policía se realizaron una serie de pagos que no estaban debidamente justificados, situación que generó un presunto hallazgo fiscal por valor de $247,65 millones.

Otras de las debilidades encontradas en materia de infraestructura, consistieron en débiles controles al seguimiento y control de los costos contenidos en el AIU de los contratos de obra y en los recursos entregados a las fiducias en condición de anticipos, al igual que debilidades en el control y seguimiento de las licencias de construcción, puesto que en algunos casos se realizaron demoliciones y reforzamientos no incluidos en las licencias tramitadas, o el caso de obras ejecutadas sin contar con una licencia de construcción.

En ambos eventos, se encuentran comprometidos recursos y responsabilidades de la Administración Distrital, a cuyos entes de control se corrió traslado de las observaciones, para los fines correspondientes.