Dentro de todos los dolores de cabeza del Gobierno Petro en tres años, la expedición de los pasaportes está entre los puntos más altos.

De alguna u otra manera, la insistencia del Presidente Gustavo Petro de que Thomas Greg & Sons no siga con este contrato le ha costado la cabeza a Álvaro Leyva Durán, Laura Sarabia, Alfredo Saade y la actual canciller, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, ya está siendo investigada por la Procuraduría.

Todo para que, ante el retraso para aplicar el modelo que impulsa Petro con Portugal y la Imprenta Nacional, se haya utilizado la urgencia manifiesta para extender hasta abril de 2026 el contrato con Thomas Greg & Sons.

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La relación contractual tiene un valor de 161 mil millones de pesos y empezará a regir desde el lunes 1o. de septiembre.

"Durante este tiempo, será esta empresa la que siga de manera normal emitiendo los pasaportes de los colombianos. Lo que hemos dicho es que el cambio de modelo lo que pretende es recuperar soberanía para la ciudadanía en cuanto al control de información y la protección de los datos de los ciudadanos por parte del Estado, que se ha perdido a lo largo del tiempo por la aplicación de políticas neoliberales”, explicó la ministra de Relaciones Exteriores a El Espectador.

Esa ha sido la respuesta constante del Gobierno, recuperar la soberanía de los datos. Pero la urgencia manifiesta para seguir con Thomas Greg & Sons ha sido la vía de escape en tres oportunidades, porque no hay claridad de que la Imprenta Nacional pueda sacar adelante este proceso trascendental para los colombianos.

Lo expuesto por la Procuraduría

La Procuraduría ha hecho diligencias en la Imprenta Nacional y encontró "respuestas vacías, contradictorias y poco convincentes" sobre la justificación de la necesidad y los estudios previos para la celebración del convenio entre la Cancillería y Portugal.

El equipo de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública encontró documentos sin fundamentos y otros que pusieron de presente la falta de aplicación del manual de contratación de la Imprenta, frente a la metodología, planeación, estudios previos y técnicos para la firma de dicho acuerdo.

Ejemplificó este hallazgo en que la solicitud del sustento fiscal y financiero para adquirir compromisos por más de $1.3 billones no tiene la autorización del CONFIS y de un documento CONPES para el uso de vigencias futuras.

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Además, no se presentó a la Junta Directiva de la Imprenta Nacional el procedimiento o los cálculos para estimar el valor del contrato.

Calificó a esta celebración del acuerdo como "improvisada" y que pone en riesgo la expedición de los pasaportes.

Es más, antes de que se firmara la extensión del contrato con Thomas Greg, el Ministerio Público había indicado que el Gobierno solo tenía 290 mil pasaportes para entregar.

Investigaciones

Por los pasaportes, la Procuraduría tiene bajo lupa a varios funcionarios y exfuncionarios del Gobierno Petro, comenzando por Álvaro Leyva Durán.

El veterano político frenó el proceso de licitación que había ganado Thomas Greg & Sons por supuestas irregularidades, lo que costó una suspensión de tres meses y posterior llamado a juicio.

Después fue el turno de los excancilleres Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia, así como el exjefe de Despacho, Alfredo Saade. 

La Sala Disciplinaria de Instrucción del ente de control indicó que posiblemente, en el caso de Murillo y Sarabia, "no estructuraron de manera eficiente y oportuna el proceso durante el tiempo que cada uno ocupó la cartera ministerial, aunado al hecho de que en el caso de Murillo habría usado en forma indebida la figura de la declaratoria de urgencia manifiesta surtida en septiembre de 2024".

El Ministerio Público consideró, en el caso de Saade, que se extralimitó en el ejercicio de sus funciones, al haber impartido órdenes a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que racionalizaran la asignación de citas para la expedición de pasaportes.

Cabe destacar que por la supuesta intromisión de Saade, Sarabia, quien tenía la  intención de renovar el vínculo con la firma Thomas Greg & Sons, dejó su cargo en este ministerio. 

Además, previo a la sanción de tres meses que le impuso el Ministerio Público, el polémico ‘pastor’ Saade también fue sacado del Gobierno. 

Por último, el órgano de control amplió los hechos disciplinariamente relevantes y cobijó con su investigación a la ministra Rosa Villavicencio por presuntas irregularidades en la firma del convenio entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia para la fabricación de los pasaportes.

La Procuraduría revisará la posible omisión de un proceso de selección competitivo, ya que en el modelo implementado la Imprenta Nacional se limita a recibir capacitación y realizar erogaciones presupuestales para pagar la prestación del servicio, pero tendrá que subcontratar los adicionales que puedan surgir en el desarrollo del bilateral, al no contar con la capacidad para ejecutar el objeto contractual. 

El ente de control determinará si se omitió la ley que rige para la contratación con organismos internacionales, dado que el valor de los aportes que realiza la Casa de la Moneda de Portugal es inferior al 50 % del valor del convenio.

De igual manera, el Ministerio Público investigará el supuesto compromiso que se hizo de comprometer vigencias futuras de carácter excepcional que superan el periodo del Gobierno nacional actual, en la medida que generan un cambio en la política de expedición de documentos de identificación para los ciudadanos colombianos en el exterior.

La Procuraduría pondrá la lupa sobre la presunta falta de disponibilidad presupuestal para otros ítems del convenio y posibles vicios en la junta directiva de la Imprenta Nacional de Colombia en la que se habrían aprobado varias proposiciones relacionadas con la suscripción de la alianza.

Además de la canciller, están vinculados a la investigación el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Julián David Peña Martínez; y la subgerente administrativa y financiera, Olga Lucia Ruiz Mora; y sus miembros de junta y delegados del Ministerio del Interior, Jaime Berdugo; de las Culturas, Luis Alberto Sanabria, y del Ministerio de Educación, Dora Ojeda Roncancio, y Ricardo Arque Benavides, su homólogo en el Departamento Administrativo de la Presidencia.

Incoherencias e improvisación, así se resume todo lo que ha pasado con los pasaportes en este Gobierno, por lo que hay incertidumbre en lo que pasará con este documento a partir de mayo.