Tras una actuación Especial de Fiscalización a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), la Contraloría General de la República determinó que se está incumpliendo la normatividad relacionada con el manejo de problemática de residuos sólidos en las playas de Puerto Colombia (Atlántico) y la gestión de esta entidad en el tema no ha sido eficiente. 

La CRA no ha destinado inversiones en planes, programas y/o proyectos para solucionar tal problemática. 

Como resultado de la auditoría, el organismo de control constituyó tres hallazgos administrativos, uno de ellos con presunta incidencia disciplinaria y el cual tiene que ver con el hecho de que la CRA no haya llevado a cabo las acciones de control y sanción correspondientes a la Problemática de Residuos Sólidos, en los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos Regionales (PGIRS) de los municipios ribereños al Río Magdalena ubicados en su jurisdicción. 

El Seguimiento y Actualización del Programa de Aprovechamiento e Inclusión de Soluciones de Residuos Sólidos del PGIRS no se encuentra actualizado conforme a la metodología exigida en la Resolución 0754 del 2014.  

También se estableció un hallazgo administrativo sobre la Inversión para la Problemática de los Residuos Sólidos, determinando que la CRA, suscribió el contrato No 00000436 con el objeto de “Desarrollar una estrategia pedagógica para fortalecer los conocimientos ciudadanos de los ecosistemas de manglar en el municipio de Puerto Colombia, como escenario de gestión y protección ambiental a nivel local”; sin embargo, se observó que el objeto contratado no corresponde a un Proyecto o Programa enfocado a la solución de la problemática de los residuos sólidos de las playas de este municipio. 

Por otra parte, una vez analizados los soportes suministrados por la CRA y el acuerdo “Por el Aprovechamiento Local de Plásticos y otros Materiales Reciclables”, firmado el 19 julio 2021 entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la CRA, la Gobernación del Atlántico, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar) y el Municipio de Puerto Colombia, se evidenció, que si bien la entidad realizó actividades expuestas en la información suministrada, no desarrolló una gestión institucional eficiente y articulada con Cormagdalena y las entidades territoriales de su jurisdicción, que conforman los municipios ribereños del Río Grande de la Magdalena, causantes de la problemática de los residuos sólidos en las playas de Puerto Colombia. 

Para la Contraloría esta situación se da por la falta de implementación de objetivos, metas, actividades y articulación con las autoridades ambientales, que permitan el desarrollo eficiente de una gestión institucional, encaminada al adecuado manejo de los residuos sólidos, para lograr la minimización de la generación de estos y la maximización de su aprovechamiento, reducción y tratamiento adecuado. 

Desde hace varios años la problemática de residuos sólidos en las playas de Puerto Colombia se ha presentado periódicamente. Sin embargo, se hizo mucho más visible desde el 31 de mayo de 2019 con la aparición de una aglomeración de basura de 1.710 toneladas flotando frente a las playas, lo que ocasionó una grave emergencia ambiental en el municipio costero, que afectó tanto la calidad del agua como la biodiversidad marina.  La situación se extendió a dos de sus corregimientos (Salgar y Sabanilla), así como los municipios de Juan de Acosta y Tubará. 

La causa de la problemática radica en que el río Magdalena transporta todos los residuos que son vertidos por las poblaciones de los municipios que se ubican desde su nacimiento en el Macizo Colombiano en la cordillera de los Andes y por aquellas que se sitúan a todo lo largo de su cauce. 

Estos desechos llegan a Puerto Colombia y terminan estancados en sus playas, como consecuencia de su cercanía a Bocas de Ceniza (el punto donde desemboca el río). 

La falta de control de Cormagdalena y las Corporaciones Autónomas con jurisdicción en esta zona, donde no se está teniendo en cuenta la modificación de las riberas por la explotación agroindustrial y la ganadería extensiva, ha hecho que la situación se vuelva más compleja. 

Tampoco se ha controlado la intervención de zonas de alivio del río como caños y ciénagas interiores, con lo que se aumenta la velocidad del afluente y su capacidad de erosionar las orillas y devastarlas, arrastrando con ellas la capa vegetal. 

La Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, a través de estos resultados, busca que los actores involucrados tomen medidas efectivas que puedan construir acciones coordinadas y atender, de manera inmediata y concurrente, la grave situación de insostenibilidad que se aprecia hoy en esta zona del país.