La discusión sobre una nueva reforma laboral, que se adelanta en la Comisión Cuarta del Senado, sigue generando preocupación en el sector empresarial del país.

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Camilo Sánchez, presidente del Consejo Gremial Nacional, durante su intervención ante los congresistas, advirtió sobre posibles consecuencias de esta reforma en la generación de empleo.

Afirmó que “los empresarios no son los enemigos a vencer” en esta discusión, por lo que abogó por un debate basado en el diálogo respetuoso, en la sensatez y el análisis técnico de las propuestas.

Sánchez defendió el papel de empresariado, destacando que los gremios representan más del 75% del empleo formal en Colombia.

Según dijo, este sector -contrario a lo que se afirma- “cumple” con la ley laboral vigente, incluyendo pagos de horas extras y dominicales.

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En ese sentido, sostuvo que están dispuestos a aportar al país y una propuesta de reforma dentro de un marco “realista” y “sostenible”.

Por otra parte, criticó lo que considera una visión fragmentada de la reforma, donde cada sector defiende “un articulito”, sin considerar el impacto financiero y estructural de las medidas en conjunto.

“Aquí tenemos que ser serios, aquí debemos tener estudios”, insistió, subrayando que muchas de las propuestas no cuentan con respaldo presupuestal y podrían traducirse en pérdida de empleos formales.

“Si usted suma cada uno de estos artículos se está dando cuenta que hay un desfase y ahí es donde tenemos que revisar si el mismo Gobierno tiene los recursos para poder poner en vigencia lo que está proponiendo (…) el Gobierno ha generado 64.000 empleos por prestación de servicios y planea sumar 12.000 más, lo cual implica un costo cercano a un billón de pesos ¿Está ese dinero contemplado en el presupuesto?”, cuestionó Sánchez, quien advirtió que sin respaldo financiero, muchas de estas políticas podrían resultar inviables.

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Por otra parte, llamó la atención sobre el alto nivel de informalidad laboral en el país, que actualmente alcanza -según dijo- el 57%.

Señaló que imponer más sobrecostos a los sectores agrícolas y productivos podría agravar la situación.

“¿Qué ganamos sacando una ley que en uno o dos años nos muestre que perdimos 200.000 o 500.000 empleos?”, afirmó con base a las estimaciones del Banco de la República y Fedesarrollo.

Por último, hizo un llamado a construir consensos con responsabilidad.

“No nos vean como enemigos. El empresariado ha mantenido viva la economía de este país. Si esta reforma es mal entendida, en unos años podríamos estar lamentando las consecuencias”, apuntó.