Por Joseph Daccarett

Hay una pregunta que los gobiernos prefieren aplazar y que los ciudadanos pocas veces queremos escuchar: ¿Cómo vamos a pagar, de manera permanente, todo lo que le exigimos al Estado?

Francia nos obliga a hacernos esa pregunta. Colombia debería prestarle atención.

Durante décadas hemos admirado los sistemas europeos de protección social: acceso a la salud, educación pública, protección al desempleado y pensiones. Al compararlos con nuestros países, solemos concluir que allá funcionan porque hay menos corrupción.

La corrupción explica una parte del problema. Destruye recursos, debilita las instituciones y acaba con la confianza. Pero no lo explica todo. También hay que mirar cuántas personas trabajan y aportan, cuánto produce la economía y cuánto cuesta sostener los compromisos del Estado.

Porque la solidaridad también necesita quién pague la cuenta.

Francia: el costo de dejar las decisiones para después

El sistema de protección social francés no comenzó con François Mitterrand en 1981. Su construcción moderna viene de la posguerra y fue ampliándose con distintos gobiernos.

La pregunta es qué sucede cuando los compromisos permanentes crecen más rápido que los recursos disponibles para cumplirlos.

Cuando una población envejece, aumentan las necesidades de pensiones, salud y cuidado. Si el empleo y la productividad no crecen lo suficiente, alguien tiene que cubrir la diferencia: los contribuyentes de hoy o los de mañana, mediante deuda.

Endeudarse para atender una emergencia o financiar una inversión puede ser necesario. Pero cuando la deuda se vuelve la solución habitual para pagar los gastos de todos los años, debemos preguntarnos cuánto tiempo puede sostenerse ese camino.

Al cierre del segundo trimestre de 2026, la deuda pública francesa alcanzó el 119 % del PIB. La cifra no significa que Francia esté en quiebra, pero sí muestra el tamaño de las obligaciones que debe administrar.

El problema político es fácil de entender: ofrecer un beneficio genera reconocimiento inmediato; explicar cómo financiarlo genera resistencia. Entonces cada gobierno encuentra una razón para dejarle la decisión al siguiente.

Pero aplazar una decisión no elimina su costo. Muchas veces lo aumenta.

Colombia: crear instituciones no basta

En 1991, Colombia adoptó una nueva Constitución y se definió como un Estado social de derecho. Con esta se crearon la corte constitucional, la fiscalía, consejo superior de la judicatura, defensoría del pueblo, contador general de la nación, superintendencias, consejos territoriales y se restableció la vicepresidencia. Todo con el fin de Ampliar las garantías ciudadanas y transformar su organización institucional.

Treinta y cinco años después, tenemos la obligación de evaluar sus resultados.

¿Cuánto de cada peso público llega al ciudadano convertido en un servicio? ¿Cuánto cuesta administrarlo? ¿Dónde estamos pagando dos veces por funciones similares? ¿Quién responde cuando aumenta el presupuesto, pero la solución sigue sin llegar?

Crear una entidad no garantiza resolver un problema. Asignarle más recursos tampoco garantiza que funcione mejor.

Debemos revisar qué instituciones cumplen su propósito, cuáles necesitan cambios y dónde existen funciones que podrían integrarse. Esa evaluación debe hacerse con resultados y cifras sobre la mesa.

También debemos distinguir entre el gasto administrativo y los recursos destinados a prestar servicios. Las transferencias a las regiones, por ejemplo, financian responsabilidades públicas y no pueden tratarse simplemente como burocracia. Sin embargo, son compromisos que condicionan el presupuesto y cuya financiación exige planeación. El Banco de la República ha explicado cómo la descentralización impulsada por la Constitución de 1991 aumentó estas obligaciones del Gobierno Nacional. (banrep.gov.co⁠)

A esto se suma una realidad demográfica que no podemos ignorar. Según cifras preliminares del DANE, Colombia registró 433.678 nacimientos en 2025, un 4,5 % menos que en 2024. (dane.gov.co⁠)

La caída de la natalidad nos obliga a prepararnos para cambios en la población y en las necesidades de financiación. No podemos hacer las cuentas del futuro suponiendo que siempre tendremos la misma proporción de jóvenes trabajando y aportando.

Por eso, discutir únicamente cómo repartir los recursos resulta insuficiente. También tenemos que discutir cómo generarlos.

¿Qué estamos haciendo para facilitar la creación de empresas? ¿Para que contratar formalmente sea viable? ¿Para aumentar la productividad y lograr que más personas puedan aportar?

Sin una economía que produzca, emplee y crezca, las promesas terminan superando la capacidad de cumplirlas.

La responsabilidad también es nuestra

Los ciudadanos tienen razones para reclamar cuando no reciben atención médica, cuando una pensión no alcanza o cuando la justicia tarda años. Exigir que el Estado cumpla es legítimo.

También debe ser legítimo preguntar cuánto cuesta, cómo funciona y de dónde saldrá el dinero.

Un gobierno que pida esfuerzos debe comenzar por su propia administración. Debe explicar sus cuentas, revisar privilegios, reducir el despilfarro y demostrar qué resultados espera obtener. La confianza se pierde cuando se le exige al ciudadano un sacrificio que el propio Estado no está dispuesto a hacer.

La oposición también tiene una responsabilidad: presentar alternativas que puedan financiarse. Y nosotros, como ciudadanos, debemos entender que los derechos vienen acompañados de obligaciones: contribuir según nuestra capacidad, cumplir la ley y vigilar el uso de los recursos públicos.

Por todo lo anterior, considero que debemos acompañar al actual Gobierno en las medidas concretas que permitan corregir estas distorsiones, evaluar las instituciones y reorganizar aquellas que no estén cumpliendo su propósito. Ese acompañamiento debe ir unido a la exigencia de cuentas claras y resultados verificables.

Francia y Colombia tienen historias y capacidades diferentes. Su comparación nos deja una pregunta que no deberíamos seguir aplazando: ¿estamos construyendo compromisos que podremos cumplir dentro de veinte años?

Defender el Estado social de derecho exige asegurar que pueda responder hoy y mañana. Para lograrlo necesitamos combatir la corrupción, corregir gastos, proteger a los más vulnerables y crear las condiciones para generar más empleo y riqueza.

Las buenas intenciones no nos eximen de revisar los resultados.

Porque prometer derechos sin asegurar cómo financiarlos termina dejándoles a nuestros hijos una cuenta que nosotros no tuvimos el valor de resolver.