Líderes de comunidades indígenas y campesinas colombianas alertaron este martes del riesgo de que grupos paramilitares ocupen y controlen las zonas dejadas por la guerrilla de las FARC ante la inacción del Estado.

Algunos de estos líderes cívicos explicaron hoy en Madrid su punto de vista sobre el proceso de paz en Colombia y llamaron la atención acerca del hecho de que todos los focos están puestos en el desarme de la guerrilla pero no en la recuperación de derechos por parte de comunidades en los que el conflicto armado dejo una profunda huella.

La sede de Cáritas en Madrid albergó hoy una rueda de prensa en la que participaron el representante de la etnia embera katio Aurelio Jumí y los dirigentes de comunidades de Cali, Virgelina Chará, y Bojayá, Leyner Palacios.

El acuerdo de paz entre el Gobierno de Bogotá y la guerrilla de las FARC, refrendado por el Congreso colombiano el 30 de noviembre pasado, abre una etapa de esperanzas para la población y, en especial, para determinados territorios periféricos que fueron escenario de luchas, coincidieron hoy los tres líderes locales.

En las últimas semanas los cerca de 7.000 guerrilleros de las FARC han abandonado sus enclaves y se concentran en determinadas zonas del país mientras entregan sus armas.

Leyner Palacios aseguró que grupos paramilitares están ocupando esas tierras dejadas por la guerrilla y planean dedicarse a negocios ilícitos, como determinados cultivos o extracción de minería y que amenazan a indígenas o campesinos que no pueden volver a sus lugares.

"La violencia está ligada a intereses económicos en los territorios que están siendo abandonados por el Estado. Los jóvenes y las mujeres son presa fácil y son reclutados para actividades ilegales", dijo Palacios, quien sugirió que la falta de acción del Estado se debe a posibles "connivencias" de autoridades con los paramilitares.

Por eso Virgelina Chará hizo hincapié en que la paz debe vincularse también a conceptos como "derechos y memoria: la paz no es sólo que los guerrilleros dejen las armas, también debe haber políticas de inclusión".

Chará afirmó que quien tiene que garantizar los derechos es el Gobierno, pero lamentó que haya una visión a corto plazo y que la interlocución con las autoridades exista pero no se cumplan las peticiones de las comunidades.

La activista ha sido amenazada de muerte en varias ocasiones y desde hace catorce meses se han registrado unos 120 asesinatos de dirigentes territoriales, desde personas que reclaman tierras a médicos de etnias o defensores de los derechos humanos.

Otro problema es el del minado de determinadas zonas que llevó a cabo la guerrilla, que dificulta o impide el regreso de algunas etnias a sus tierras, como puso de manifiesto Aurelio Jumí, indígenas embera katio, en el departamento caribeño de Córdoba.

"Ya han muerto varios indígenas (por las minas). Las comunidades desplazadas quieren volver, pero no hay garantías", señaló Jumí, quien agregó que sus etnias "pagan los platos rotos" porque Gobierno y guerrilla se atribuyen la responsabilidad de hacer el desminado.

Los tres dirigentes cívicos acudirán al Congreso de los Diputados español para dar su punto de vista, que también trasladarán a representantes del Ministerio de Exteriores y la Agencia de Cooperación antes de viajar a Ginebra, Bruselas y París para continuar su campaña de sensibilización.

EFE