Por José Granados Fernández
Twitter @JoseGranadosF

En segundos, el ambiente festivo en la esquina de la carrera 8 con calle 52 del barrio El Santuario se convirtió, la noche del domingo, en un escenario de muerte: en rápida e infernal balacera, dos sicarios asesinaron a cuatro personas e hirieron a seis más.

En la acción criminal en la tienda y estadero La 8 perdieron la vida Reinaldo Orozco Picalúa, policía activo que estaba de descanso; Hanner Guevara Correa, Ronald Zabala Sarmiento y Ever Lizama Melgarejo.

Por hechos execrables como este, el alcalde Jaime Pumarejo ha insistido, una y otra vez, en la imperiosa necesidad de modificar el Código Penal, considerado por expertos juristas “extremadamente garantista” para peligrosos delincuentes, pero sus llamados no han tenido interlocutores en el Gobierno Nacional, el poder judicial y el Congreso, instancias responsables de decidir las reformas.

En específico, Pumarejo ha llamado la atención sobre “encarcelar sin ningún beneficio” a homicidas y a quienes portan armas ilegales, porque son “delincuentes peligrosos para la sociedad”, una afirmación lógica que va de la mano con lo que exigen a diario los barranquilleros, y los habitantes de otras capitales en las que, por igual, la inseguridad es creciente.

Sin embargo, mientras el mandatario distrital lanza voces de alerta en busca de herramientas legales que permitan enfrentar de manera más efectiva la violencia y la inseguridad, en los estrados judiciales muchas decisiones siguen favoreciendo a homicidas, atracadores y toda suerte de delincuentes que llegan a los juzgados capturados y salen para sus casas sin ningún tipo de vigilancia, prácticamente libres, a seguir delinquiendo.

Emisora Atlántico y Zona Cero.com, durante dos semanas, rastrearon, cotejaron y analizaron las estadísticas sobre las capturas que en 2022 y parte de 2023 ha llevado a cabo la Policía Metropolitana y encontraron cifras alarmantes con respecto a las detenciones domiciliarias, decisiones que lucen totalmente opuestas a lo que exigen los barranquilleros y los restantes residentes del Área Metropolitana: encarcelar a los criminales.

En total, 163 capturados fueron beneficiados con casa por cárcel, grupo en el que, sorprendentemente, figuran 9 homicidas y 62 delincuentes arrestados por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Es decir, con quienes asesinan o portan armas ilegales, para cometer crímenes, atracos y fleteos, está sucediendo lo contrario a lo que advierte el alcalde Pumarejo.

Las estadísticas revelan que cuatro de los criminales con casa por cárcel cometieron asesinatos en Soledad; otro participó en una masacre en Barranquilla. Los registros indican que 66 capturados por atracos a personas, 10 por robar motos, otros 10 por hurtar carros y 6 por robos a entidades comerciales también fueron favorecidos con casa por cárcel.

Las más recientes decisiones cuestionadas por Pumarejo favorecieron, hace menos de un mes, a alias “Brayan”, con amplio prontuario judicial que incluye un asesinato, le hallaron en el barrio La Esmeralda un fusil de asalto utilizado por francotiradores y 24 balas calibre 5.56 milímetros, material de guerra; y a alias “Junior Guerra” le encontraron una granada, tenía detención domiciliaria en Soledad, estaba delinquiendo fuera de esta y aun así lo volvieron a favorecer con casa por cárcel.

En las indagaciones sobre los beneficios penales a criminales y delincuentes, Emisora Atlántico y Zona Cero.com volvieron a encontrar que las detenciones domiciliarias son un saludo a la bandera, porque homicidas, atracadores, fleteros, etc., lo que menos hacen es quedarse en sus casas cuando reciben este favorecimiento judicial, y, como si fuera poco, la gran mayoría de ellos no tiene ningún tipo de vigilancia electrónica para evitar que cometan el delito de fugas de presos.

Una fuente reveló que el año pasado, la Policía Metropolitana, por orden del alcalde Pumarejo, inspeccionó 123 domicilios donde debían estar igual número de capturados presos. Los investigadores descubrieron que “ninguno se encontraba en su sitio de reclusión”.

“No vive aquí”; “lo trajeron (los del Inpec) y después se fue”; “no sabemos quién es”, fueron algunas de las respuestas que recibieron los investigadores.

Otras cifras sobre detenciones extramurales, como técnicamente les llaman a las domiciliarias, reflejan los favorecimientos penales que reciben los delincuentes. Actualmente, en Barranquilla y su Área Metropolitana hay 6.789 detenidos y prisioneros con casa por cárcel, 85% hombres y 15% mujeres, pero sólo 541 de ellos tienen dispositivos o vigilancia electrónica.

Esto arroja una incontrovertible verdad: sobre los restantes 6.248 presos, o sea el 92% de los que tienen domiciliaria, no hay ningún tipo de vigilancia.

Además de los 6.789 presos con domiciliaria, en Barranquilla hay 1.799 en las cárceles, lo que demuestra que del total de la población carcelaria apenas el 21% tiene detención intramural.

Otro punto que juega a favor de los delincuentes es que, mientras el Gobierno Nacional, el Congreso y el poder judicial no prestan atención a las alertas del alcalde Jaime Pumarejo para contener la inseguridad, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, apenas tiene cuatro funcionarios para hacer las rondas en las detenciones domiciliarias solamente a quienes tienen vigilancia o dispositivos electrónicos. A los otros les hacen “visitas periódicas programadas”.

¿Cuándo hacen las visitas los han encontrado en las casas o están afuera trabajando, es decir delinquiendo?, se preguntó una de las fuentes consultadas. Sería importante que el Inpec dé a conocer qué está pasando y aporte argumentos para endurecer las medidas contra la inseguridad, como lo reclaman permanentemente los barranquilleros.