Por José Granados Fernández
Twitter: @JoseGranadosF

Informar si elaboró y estructuró el plan de acción para atender la actual emergencia en poblaciones del área de influencia del embalse de El Guájaro, el Canal del Dique y el río Magdalena les pidieron las procuradurías Regional y Ambiental del Atlántico a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, en cumplimiento de la acción preventiva que el Ministerio Público inició por la ola invernal que amenaza con graves inundaciones.

El director de la entidad nacional, Javier Pava Sánchez, debe explicarles a los procuradores Margarita De la Hoz Jure y Carlos Arrieta Martínez “el avance de cada una de las actividades iniciadas y el grado de cumplimiento” de la atención a las familias afectadas.

Además, muy puntualmente, lo exhortan a que revise “la viabilidad técnica y financiera” de las obras y otras actividades propuestas por la Universidad del Magdalena en el estudio que contrató la Gobernación del Atlántico, cuya finalidad es prevenir una tragedia como la que hace doce años martirizó a los habitantes de seis municipios del Sur.

Diques por construir

La fatídica tarde del 30 de noviembre de 2010 la creciente del Canal del Dique rompió el muro-carreteable entre Santa Lucía y el puente de Calamar. La tragedia dejó 188.599 damnificados y dañó 41.998 viviendas, de acuerdo con cifras oficiales.

Nury Logreira Diazgranados, secretaria departamental de Infraestructura, explicó por qué la gobernadora Elsa Noguera contrató el estudio con la Universidad del Magdalena.

¿De qué se tratan las obras?

En repetidas reuniones con funcionarios de la UNGRD, alcaldes y el Ministerio Público, la Gobernación del Atlántico ha presentado el documento Situación actual y vulnerabilidad frente a los niveles del Canal del Dique y el río Magdalena, que resume el estudio.

Si bien después de la megainundación de 2010 en el Sur elevaron las coronas o alturas de los diques-carreteables, hay áreas que, de acuerdo con una modelación de caudales que elaboró la Unimagdalena con base en registros del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, quedarían por debajo de las cotas o máximos niveles de inundación en inviernos como el actual.

En los 32 kilómetros de ribera que el Atlántico tiene sobre el Canal del Dique, desde el puente de Calamar hasta el corregimiento de Villa Rosa, fueron identificados dos sitios en los que deben construirse diques de contención: uno en las Compuertas del Porvenir y otro en Villa Rosa. El costo de las dos obras es de 22.000 millones de pesos.

Además, la universidad identificó que en el sector donde se rompió el dique en Santa Lucía persiste el peligro de colapso por infiltración, “razón por la cual -resume la Gobernación- se recomienda la instalación de un tablestacado en la parte interna la vía, con el fin de reducir las tubificaciones y el riesgo”. Esta estructura tendría una longitud de 450 metros, con un costo de 2.500 millones de pesos.

Asimismo, en el embalse de El Guájaro área del Dique Polonia, carreteable Manatí – Compuertas del Porvenir, Unimagdalena identificó “ocho puntos que podrían presentar vulnerabilidad por motivos estructurales”.

En la presentación a la UNGRD la Gobernación ha insistido en que “estos ocho puntos corresponden a los lugares donde se rompió el dique durante la evacuación del agua estancada posterior a la rotura de 2010. Se trata de puntos en los que, de manera natural, desembocaban caños. Se recomienda el reforzamiento con cercos en madera, rellenos con big bags”.

Las protecciones del Dique Polonia valen 3.000 millones y reforzar las de poblaciones aledañas al embalse (La Peña, Aguada de Pablo, Rotinet, Repelón, Villa Rosa y Manatí) 2.500 millones de pesos.

En total, las cinco obras para prevenir inundaciones cuestan 30.000 millones de pesos, que se espera aporte la Unidad Nacional de Riesgos.

“El riesgo de inundación es real y evidente, es necesario mantener el monitoreo permanente de los niveles en las diferentes estaciones. Las construcciones de los diques para la mitigación del riesgo deben iniciarse de inmediato. Ningún esfuerzo en este momento es demasiado”, ha sido el mensaje de la Gobernación a la entidad nacional.

De Campo de la Cruz a Ponedera

En la zona Oriental, entre el puente de Calamar y Santo Tomas, hay 60 kilómetros de orilla. Aunque esta zona presenta menos vulnerabilidad, en Bohórquez, jurisdicción de Campo de la Cruz, hay un tramo de 2.5 kilómetros que, de darse la modelación de los causales del Ideam, quedarían en riesgo por debajo de la cota de inundación.

En ese sitio debe construirse un dique. El costo sería de 2.500 millones de pesos.

Igualmente, la Unimagdalena halló un proceso de erosión donde se localizan las bocatomas de los acueductos de Campo de la Cruz y Ponedera. Estos fenómenos se iniciaron desde finales de 2010, lo que pone en riesgo la infraestructura para la prestación del servicio de agua. En el caso de Ponedera tres kilómetros de ribera han sido erosionados.

Para tener clara una solución de fondo para estas erosiones debe hacerse un estudio hidrodinámico, recomendó el estudio.

Por la actual emergencia invernal, a raíz de emergencias por el desbordamiento de arroyos que han deteriorado vías y han causado inundaciones en Baranoa, La Peña, Aguada de Pablo, Palmar de Varela y Tubará, que han requerido inversiones de la administración departamental por 8.000 millones de pesos, a comienzos de semana la gobernadora Elsa Noguera lanzó, en Emisora Atlántico, un llamado de urgencia al director Javier Pava, quien anunció que vendrá la próxima semana.

Ante la posibilidad de que por la actual ola invernal se presenten graves inundaciones, vale recordar que, en un informe sobre lo sucedido en 2010, Fedesarrollo resaltó que 2.200 millones de metros cúbicos de agua, la mitad del volumen total de los 20 lagos y lagunas más grandes de Colombia, inundaron el sur del Atlántico. Una tragedia que nadie quiere volver a vivir.