Las masacres de los últimos días en Colombia, que se cobraron 34 vidas, reflejan una disputa sangrienta entre distintos grupos armados tras la firma del acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las FARC que pone a la población más vulnerable en permanente estado de indefensión.

Las víctimas de las recientes matanzas en los departamentos de Nariño, Cauca, Arauca y Valle del Cauca son en su mayoría jóvenes, campesinos, indígenas o afrodescendendientes, que históricamente están entre las comunidades más afectadas por el conflicto armado interno que no cesó con el acuerdo de paz con las FARC, firmado en noviembre de 2016.

"La crisis humanitaria que vive el departamento de Nariño crece de manera despiadada, la zozobra no nos permite vivir dignamente con el goce de derechos consagrados en la Constitución", manifestó este domingo en un comunicado la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa).

Tres miembros de la comunidad Awá fueron asesinados hace una semana en una remota zona del municipio de Ricaurte (Nariño) y, según afirmaron hoy, entre los seis muertos del sábado en la matanza de la aldea de La Guayacana, que hace parte de Tumaco, en el mismo departamento, hay otra persona de ese grupo étnico.

"No podemos seguir poniendo muertos en una guerra que no nos pertenece y que con el pasar de los días se agudiza", afirmó la Unipa y añadió que "las cifras de víctimas siguen aumentando", así como "la angustia de las familias awá, campesinas y afrodescendientes".

Volver al pasado 

El país no vivía un horror parecido hace años y aunque la firma de la paz y la desmovilización de las FARC trajo una esperanza, en zonas históricamente abandonadas por el Estado los enfrentamientos entre grupos armados hicieron imposible la reconciliación.

"Esto (las masacres) no es nuevo. Esto no es que haya salido de un momento a otro. Todo venía pasando desde hace dos años, lo que pasa es que la gente no había querido darse cuenta", dijo a Efe el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), Ariel Ávila.

Sin embargo, el experto reconoce que la intensidad y la rapidez con la que se están perpetrando las masacres sí es nueva y se está incrementando.

Ávila explica que las reacomodaciones criminales generalmente duran un año y medio o máximo dos, pero tras la dejación de armas de las FARC ninguno de los grupos armados activos ha podido imponerse sobre los demás.

"Aquí llevamos tres años después de que se fueron las FARC y nadie ha ganado porque todo el mundo es lo suficientemente fuerte como para no imponerse unos sobre otros o lo suficientemente débil para no poder revertir la situación", dijo.

Civiles bajo fuego cruzado 

Esa imposibilidad de dominar territorios estratégicos para actividades como el narcotráfico o la minería ilegal ha hecho que los grupos armados se ensañen con la población civil con la excusa de que son bases sociales de otros organizaciones criminales.

"Esto lo que indica es que como estamos en un desgaste, (las bandas) la emprenden contra la base social que creen que es del otro grupo y por eso ahora están metiendo más civiles (al conflicto)", explicó Ávila.

Mientras algunas zonas del país se desangran, el Gobierno y sus críticos debaten sobre la incapacidad de la administración del presidente Iván Duque para cumplir su promesa de llevar seguridad a las regiones acorraladas por el conflicto.

Hay quienes critican a Duque por excusarse siempre en la herencia de la administración anterior y mirar por el retrovisor en momentos tan convulsos.

El sábado, mientras viajaba a Cali, donde el 11 de agosto cinco jóvenes fueron masacrados, Duque publicó que entre 2019 y lo que va de este año en Colombia ocurrieron 34 "homicidios colectivos", cifra que no coincide con la de 33 masacres que hasta hace una semana había documentado la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. solo durante 2020.

El mandatario también comparó ese dato con las 189 masacres que, según sus datos, ocurrieron entre 2010 y 2018, periodo de su antecesor, Juan Manuel Santos, y dijo que los "muertos que deja la violencia" son "producto del narcotráfico y el terrorismo".

"Este es un pronunciamiento muy desafortunado porque confunde al público (al comparar ocho años con un año y medio) e ignora la tendencia al aumento en el número de masacres desde 2018. El reto es redoblar esfuerzos para enfrentar esta crisis, no maquillarla", cuestionó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Respuesta ideológica

Las respuestas del Gobierno ante la creciente inseguridad demuestran que el país está frente a una parálisis institucional, subrayó Ávila.

Según dijo, la administración de Duque no entiende el problema de la violencia, se sigue justificando en el Gobierno anterior y no sabe qué hacer con la explosión de economías ilegales, mientras las Fuerzas Armadas están en medio de escándalos de corrupción y disputas internas.

"Si uno escucha al ministro de Defensa (Carlos Holmes Trujillo) él lo que dice es que todo es culpa del anterior Gobierno y del narcotráfico", agregó el analista.

El ministro criticó ayer la "mano acusadora de la politiquería injuriosa y calumniosa" que cuestiona al Gobierno cuando ocurre un crimen, pero "guarda silencio sobre el mal que le sigue causando al país el aumento de los cultivos ilícitos".

"El Gobierno tiene una lectura ideológica del tema y no entiende el problema. Como no entiende el problema no es capaz de actuar. Echarle la culpa a Santos y solo al narcotráfico es una visión muy limitada del asunto", agregó Ávila a Efe.

Situación irreversible 

El incumplimiento de algunos puntos del acuerdo de paz es una de las raíces del problema que hoy vive el país, pero para Ávila "aún si el Gobierno decidiera cumplirlo desde mañana, la situación ya es irreversible en algunas zonas".

"¿Es culpa de la falta de implementación del acuerdo? Sí, pero aún implementando eso hoy en el Catatumbo o en la zona del Pacífico nariñense, la cosa no va a mejorar. Ya hay zonas que se salieron de control y hay que esperar cinco o seis años para ver qué pasa", agregó.

El Presidente también visitó el sábado la localidad de Samaniego (Nariño) donde hace una semana ocho jóvenes de entre 19 y 25 años, algunos de ellos estudiantes universitarios, fueron masacrados en una casa rural.

Duque dijo en esa comunidad, horrorizada todavía por la matanza, que revisaría con las autoridades locales proyectos como el arreglo de un estadio de fútbol y la construcción de un centro de salud.

Para Ávila, proyectos de infraestructura no son suficientes en regiones como el Catatumbo, fronteriza con Venezuela, donde la situación ya "se salió de madre".

"Como el Gobierno insiste en que el problema de seguridad obedece a un plan B de las FARC y a una conspiración santista, no entiende que aquí lo que hubo fue una transformación del crimen muy grande", agregó.

El experto asegura que "lo primero que el Gobierno tiene que hacer es entender esa nueva dinámica porque mientras no lo entienda y siga viendo esto con las lecturas tradicionales de hace diez años va a seguir cometiendo errores".

EFE