El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, sostuvo que la Corte Suprema tuteló su derecho al debido proceso al permitirle seguir en libertad su proceso por presunta corrupción.

Velasco recordó que estuvo siete meses privado de su libertad y destacó que "la Sala Plena de la Corte Suprema tuteló mi derecho al debido proceso y reconoció que fue vulnerado por quienes, en ese momento, ejercieron la función de control de garantías".

Recalcó que "siempre" confió en que la vulneración sería advertida y también manifestó su "confianza" en que el Tribunal Superior de Bogotá cumpla con la sentencia de la tutela, ejerciendo la función de control de garantías.

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"Por supuesto, también confío plenamente en la Sala de Juzgamiento de la Corte, mi juez competente, ante la cual continuaré ejerciendo mi defensa con la certeza de que mis argumentos serán escuchados y valorados con absoluta independencia e imparcialidad", agregó el exministro.

Luis Fernando Velasco resaltó que estar de nuevo en casa con su esposa, su hija y sus padres lo impulsan a "seguir defendido mi inocencia". 

Después de siete meses privado de mi libertad, reitero mi confianza en la justicia. La Sala Penal de la @CorteSupremaJ tuteló mi derecho al debido proceso y reconoció que fue vulnerado por quienes, en ese momento, ejercieron la función de control de garantías.
Siempre confié en…

— Luis Fernando Velasco Chaves 🚩 (@velascoluisf) August 10, 2026

El exministro fue imputado por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Rechazó estos cargos.

Durante la audiencia de imputación, la fiscal del caso, María Cristina Patiño, aseguró que Velasco y el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, "lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal" y que "impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando gestiones ilícitas" en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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La Fiscalía indicó que entre mayo de 2023 y octubre de 2024, Bonilla y Velasco dirigieron 74 proyectos en el Invías por 571.000 millones de pesos (152,5 millones de dólares) y cinco más en la UNGRD por 40.500 millones (10,5 millones de dólares), de los cuales siete se concretaron.

El plan delictivo tenía como finalidad asegurar mayorías en el Congreso para aprobar proyectos claves del Ejecutivo, mediante la entrega a congresistas de contratos financiados con recursos del Estado, según la institución.

En su momento, la Fiscalía pidió detención domiciliaria para Velasco y Bonilla, pero la magistrada Aura Rosero Baquero, del Tribunal Administrativo de Bogotá, ordenó si aseguramiento en centro carcelario. Hoy ambos se defienden en libertad.