Un curioso “matrimonio” viene haciendo carrera en la Universidad del Atlántico.

Se trata de una “alianza estratégica” entre la Rectoría y los representantes estudiantiles en las diferentes instancias de la institución.

Legal o no, la situación no deja de despertar sospechas sobre las verdaderas intenciones, especialmente cuando se trata de la toma de decisiones.

La situación de los representantes - contratistas quedó acentuada durante la Rectoría de Rafael Castillo Pacheco cuando un numeroso grupo de estudiantes resultó favorecidos con la contratación de Uniatlántico.

Dentro de esos casos se encuentra el de Cristóbal Colón Marín, contratado luego de ser representante estudiantil ante el Consejo Superior, como Asesor de la Rectoría. A él le figuran pagos por 3 millones 600 mil pesos.

También figura Gary Martínez Gordon, con pagos por 3 millones 600 mil pesos, para la creación de un Estatuto Estudiantil que no aparece.

A ellos se suma Victoria Beatriz Cañas González, integrante de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). Fue contratada para el Bienestar Universitario por 3 millones 120 mil pesos.

Igualmente, Martín Javier De la Cruz Ortiz, para el Taller del Historiador, por 2 millones 400 mil pesos. Es miembro de la ACEU y se le cuestiona el hecho de que siendo contratista se enfrentó a un grupo de estudiantes que reclamaba la normalización de las actividades académicas.

Del mismo modo, Franchesca Ávila Barros, vinculada inicialmente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y luego a la Vicerrectoría Financiera, por 1 millón 826 mil pesos. Era la encargada de la negociación política con respecto a las comunidades étnicas de la Universidad.

Otro caso es el de Katherine Anell Barros Mendoza, tía la anterior, con asignación de 3 millones 600 mil pesos, en la Facultad de Nutrición y Dietética.

La exrepresentante de la Facultad de Química y Farmacia y miembro de la FEU, Yamila Casadiego Torrecilla, también fue contratada para labores en la Secretaría General por 2 millones 520 mil pesos.

Para la Secretaría General también aparecen: Kevin Gregorio Jiménez Borja (2 millones 700 mil pesos); Lenin Esteban Pérez Vanegas, (4 millones 184 mil 924 pesos) y José Miguel Páez Meza (6 millones 800 mil pesos).

En Bienestar Universitario también figuran los siguientes pagos: Alejandra María Estarita Ruiz (4 millones 200 mil pesos); Alberto José Ayure (2 millones 700 mil pesos); Darly Dayana De la Rosa Ferrer (2 millones 800 mil pesos); Michael Javier Ramos (2 millones 800 mil pesos) y María Jesús Cedeño Sarmiento (4 millones 853 mil 326 pesos), ésta última para el manejo del proyecto de los almuerzos subsidiados.

Entre tanto, Randolph Rafael Ortiz Valero, aparece con pago de 2.7 millones de pesos, en Informática, para el manejo de la Web Máster de la Universidad.

En resumen, además del citado “matrimonio”, se destacan hechos como la vinculación de familiares entre sí, fichas de directivos del Consejo Superior y de los propios representantes estudiantes y algunos vinculados al proceso por el reprochable episodio del robo de cámaras en la Universidad del Atlántico.

Lo inexplicable del caso es ¿cómo defender los derechos de los estudiantes cuando sus voceros forman parte de la contratación universitaria?