La Junta Directiva de Ecopetrol emitió este jueves un comunicado de prensa a raíz de las noticias publicadas sobre un Otrosí de un millonario contrato que adquirió la compañía en Estados Unidos con la firma Covington & Burling LLP, por un monto cercano a los 5 millones de dólares, para realizar un análisis de riesgos reputacionales del presidente de la compañía, Ricardo Roa. 

“Tal y como se verificó en las actas, ni el comité de auditoría ni la junta directiva fueron consultados respecto a la firma del otrosí al contrato original, menos aún del cambio en su alcance y el valor del mismo”, señaló.

Así mismo indicó que  “como consecuencia de lo anterior, la junta directiva ordenó la suspensión de las actividades desde febrero de 2025. En su momento y de manera oportuna, la junta directiva solicitó someter estas actuaciones a auditoría e investigación, en el marco del respeto a la ley y al debido proceso. En función de los resultados de estos procedimientos, se tomarán las acciones legales y administrativas que correspondan".

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Precisó, además, “desde el año 2008, cuando Ecopetrol empezó a cotizar en la Bolsa de Nueva York, ha contado con un sistema de control interno y actividades de debida diligencia, apoyado por firmas de abogados de Estados Unidos, con conocimiento en asesorías especializadas en diversos temas, incluyendo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA, por sus siglas en inglés) y asuntos relacionados con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, Ofac), gestión de riesgos y asuntos éticos”. 

La Junta Directiva indicó que en el proceso no participó Roa y que cualquier miembro de la junta puede recurrir al asesor o abogado cuando lo considere necesario.  

La compañía señaló que “colaborará con las autoridades y entes de control que han iniciado procedimientos relacionados con esta situación”.

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— Ecopetrol (@ECOPETROL_SA) May 30, 2025

Hay que señalar que la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa "contra funcionarios por determinar" de Ecopetrol, por la celebración del mencionado contrato de consultoría con la firma Covington & Burling LLP, para realizar un análisis de riesgos reputacionales del presidente de la compañía, "el cual fue modificado, al parecer, sin autorización de la junta directiva, como estrategia para interceptar comunicaciones internas a funcionarios de la entidad".