La esperada audiencia en la que un juez debe decidir la apelación de la medida de aseguramiento en contra de Rafael Martínez se está llevando a cabo en la tarde de este lunes. De resolverse en su favor, Rafael Martínez recobraría su libertad y podría volver a ejercer sus funciones como alcalde de Santa Marta.

Esta decisión está en manos del juez primero penal del Circuito con funciones de conocimiento, José Alfredo Gutiérrez Bonilla, y se lleva a cabo desde las 5:20 de la tarde en el primer piso del edificio Juan Benavides Macea.

Como lo ha publicado Seguimiento.co, pese a que la apelación de Rafael Martínez se había efectuado el pasado 21 de marzo, solo hasta el 17 de mayo se notificó que la audiencia para la lectura de la decisión sobre la apelación se haría el 24 de julio. No obstante, para esa fecha, el juez Carlos Julio Zagarra, encargado de tomar la decisión, se iba a encontrar de licencia, por lo que se preveía un posible aplazamiento.

En vista de esto, Martínez interpuso una acción de tutela que llevó a una decisión de segunda instancia tomada por el magistrado penal Carlos Milton Fonseca, en la que se ordenaba que la lectura del fallo se hiciera en los próximos 5 días hábiles.

Sin embargo, la decisión del magistrado desató otra polémica en la opinión pública, puesto que la empresa representada legalmente por su hermana y por su esposa (en calidad de representante legal suplente) ha firmado varios contratos con entidades dependientes de la Alcaldía de Santa Marta, por lo que pudo haberse incurrido en una posible inhabilidad por parte del magistrado.

No obstante, la orden judicial del Tribunal se cumplió y por esa razón se está llevando a cabo la audiencia este lunes.

Versiones extraoficiales (aún no confirmadas por este medio digital) indican que en esta audiencia, a la que no tiene acceso la prensa, también se estaría resolviendo una apelación solicitada por el fiscal Salustiano Fortich, quien pidió cárcel para todos los involucrados en el proceso de contratación de los puestos de salud. Teniendo esto en cuenta, también cabría la posibilidad de que el alcalde sigue cobijado con medida de aseguramiento.