En por lo menos 35 asesinatos a excombatientes de las FARC se habrían cometido errores en los procedimientos para garantizarles la seguridad, determinó la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP,

Ante esta conclusión la JEP le solicitó a la Procuraduría General de la Nación investigue estas fallas, a fin de garantizar la protección de los hombres y mujeres que renunciaron a la violencia a través del Acuerdo de Paz. 

En estos 35 casos documentados las ahora víctimas habían soliciado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) activar su ruta de protección. 

Así las cosas, los magistrados del tribunal especial de la justicia transicional solicitaron también a la UNP que adopte estrategias de análisis de cada uno de los casos que les han presentado.

Para ello deben tener en cuenta los patrones de los crímenes y demás hechos de violencia ocurridos contra los firmantes del Acuerdo de Paz.

Los magistrados también les recomendaron al director de la UNP, Alfonso Campo, y al consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, implementar en la Subdirección Especializada un proceso rápido de respuesta que atienda las amenazas y riesgos.

Igualmente señalaron que es urgente insistir en crear un mecanismo que agilice la atención de estos casos que directamente impactan la misionalidad del Sistema Integral para la Paz en el país. 

“En muchos casos estos comparecientes son asesinados por no aceptar el ofrecimiento de los grupos ilegales y en otros casos se tienen que desplazar o terminan reincidiendo”, concluyó la JEP.