La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció como víctimas de las extintas FARC-EP a la comunidad afrodescendiente y pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y algunos municipios de la Serranía del Perijá.

Se atribuyó responsabilidad a cinco comparecientes del Bloque Caribe de las extintas FARC-EP por crímenes cometidos contra estos pueblos étnicos entre 1996 y 2007.

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Los hechos investigados afectaron principalmente al pueblo afrocolombiano y a los pueblos indígenas Kankuamo, Wiwa, Kogui, Arhuaco, Wayuu, Ette Ennaka y Yukpa.

La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad determinó que los crímenes cometidos por las extintas FARC-EP no fueron hechos aislados, sino que hicieron parte de un “patrón macrocriminal sistemático de control territorial”.

De acuerdo con la JEP, en esta investigación se aplicó enfoques diferenciales con perspectiva interseccional de género, mujer, familia y generación, así como enfoques étnico, racial y territorial.

“La JEP documentó daños graves, diferenciados y desproporcionados a nivel individual, colectivo y territorial”, afirmó Oscar Parra, magistrado de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP.

Indicó que esta decisión hace parte del subcaso Sierra Nevada de Santa Marta y algunos municipios de la Serranía del Perijá, dentro del Caso 09 de la Jurisdicción Especial para la Paz, que investiga los crímenes no amnistiables cometidos contra pueblos y territorios étnicos durante el conflicto armado.

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“Este trabajo se desarrolla en distintas regiones del país, no solamente en la Sierra Nevada. Existen otros subcasos relacionados con pueblos y territorios étnicos en diferentes zonas de Colombia”, explicó.

De acuerdo con Parra, la Sala concluyó que las afectaciones no se limitaron a las comunidades, sino que impactaron también sus territorios, sus sistemas de vida y su espiritualidad.

Indicó que los cinco comparecientes señalados como máximos responsables están llamados ahora a reconocer públicamente su responsabilidad ante las víctimas, la justicia y el país.

“A partir de la verificación y contrastación de los hechos, la Sala de Reconocimiento estableció que las extintas FARC-EP actuaron bajo un patrón macrocriminal de control social y territorial, mediante el cual buscaban consolidar su poder político y militar en la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá”, relató el magistrado en rueda de prensa.

Señaló que la investigación concluyó que esta política empleada por las FARC fue impuesta a través de una violencia que ocasionó “daños graves, diferenciados y desproporcionados”.

“Como consecuencia, la antigua guerrilla cometió crímenes no amnistiables contra los pueblos mencionados. Alos comparecientes se les atribuye responsabilidad por asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, saqueos, torturas, violencia sexual, violencia basada en género, así como ocupación y destrucción de territorios étnicos y lugares sagrados”, mencionó el magistrado.

La JEP aseguró que los comparecientes tendrán 30 días hábiles para reconocer o rechazar los hechos y las responsabilidades que se les atribuyen.

En ese mismo plazo, dijo la Jurisdicción, pueden presentar observaciones, argumentos o elementos adicionales de prueba que consideren pertinentes. Las víctimas y autoridades étnicas acreditadas y el Ministerio Público también podrán presentar observaciones al auto.

“Si los comparecientes reconocen su responsabilidad, el proceso continuará por la ruta dialógica hacia una audiencia pública de reconocimiento y la posible remisión al Tribunal para la Paz para imponerles una Sanción Propia. Quienes no reconozcan su responsabilidad serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación, la cual evaluará si formula cargos ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento del Tribunal de Paz para iniciar un juicio adversarial, en el que, de ser hallados culpables, podrían enfrentar hasta 20 años de prisión”, puntualizó la JEP.