José Granados Fernández

Twitter: @JoseGranadosF

Las recién iniciadas obras de dragado del Canal del Dique en Santa Lucía, sur del Atlántico, quedaron sometidas a la vigilancia y control de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, con el objetivo de “tomar medidas y proteger” posibles lugares donde fueron arrojados miles de cadáveres de personas desaparecidas por grupos paramilitares.

Así quedó establecido en el Auto 161, conocido por Emisora Atlántico y Zona Cero.com, en el que el magistrado Alejandro Ramelli ordena medidas preventivas dentro del trámite cautelar solicitado por las Comunidades Negras, Palenqueras y Raizales articuladas en la Ruta del Cimarronaje del Caribe Colombiano, que reclaman garantías al derecho a la justicia, verdad, reparación y no repetición tras el conflicto armado.

Atendiendo la solicitud de las víctimas, el proceso que inició la JEP tenía que ver con el Megaproyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, que aún no ha adjudicado el gobierno del presidente Iván Duque, sin embargo, ante el inicio de las obras de dragado para mitigar la actual emergencia invernal, el tribunal decidió tomar medidas.

A Cormagdalena le ordenó ponerse en contacto con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD, para que le “informe de inmediato el lugar de las intervenciones y establecer un mecanismo de coordinación y contacto” a fin de cumplir las medidas preventivas, cuyo objetivo en Santa Lucía es “proteger posibles lugares de disposición de cuerpos de personas dadas por desaparecidas en la zona de influencia del Canal del Dique”, como lo evidenció la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad al conocer el inicio de estas obras.

En el auto expedido por el magistrado Ramelli se señala que a raíz del Megaproyecto del Canal del Dique Cormagdalena elaboró un “protocolo forense” -llamado ‘Hallazgos de víctimas del conflicto armado colombiano’- por lo que le ordena que, debido a las obras de la emergencia invernal, lo “implemente preventivamente”. Esta decisión involucra a la Gobernación del Atlántico y a la Alcaldía de Santa Lucía.

¿El protocolo forense de Cormagdalena, no conocido públicamente, hace referencia, acaso, a la obligación de esta entidad de depositar los sedimentos dragados en un sitio determinado para la posterior búsqueda de restos óseos de personas asesinadas y arrojadas al Canal del Dique?.

La pregunta surge porque, de ser así, Cormagdalena tendría que parar y replantear el dragado que está en marcha, pues los sedimentos que están extrayendo en Santa Lucía comenzaron a arrojarlos al río Magdalena porque la Alcaldía de ese municipio no dispuso de un predio en el que pudiesen depositar este material.

En el Auto 161, para recaudar “información verídica y confiable” que ayude a llevar a cabo el trámite cautelar, la JEP decidió solicitar a Cormagdalena, a la Gobernación del Atlántico y a la Alcaldía de Santa Lucía que expliquen la necesidad de adelantar el actual dragado en el Canal del Dique; que indiquen la ubicación precisa, “en lo posible con coordenadas exactas y tamaño aproximado en metros cuadrados”, de los lugares de intervención y del dragado de emergencia y que entreguen los cronogramas previstos de intervención, desde inicio a su terminación, para estas obras.

Adicionalmente, el magistrado Alejandro Ramelli solicitará a la Alcaldía de Santa Lucía que le entregue copias de los contratos para la construcción del muro de concreto en el barrio El Chimbal y de la interventoría.

De acuerdo con testimonios recogidos en noviembre de 2021 por la Comisión de la Verdad, el Canal del Dique fue convertido en un “gran cementerio” por los paramilitares. Según los cálculos, allí fueron arrojadas más de 10.000 personas asesinadas, habitantes de la región y otras llevadas desde diferentes zonas de la Costa.

Las acciones criminales estuvieron a cargo del Frente Canal del Dique, comandado por Uber Banquez, alias Juancho Dique.

En el proceso investigativo, el comisionado Leyner Palacios recorrió dieciocho "botaderos de cadáveres" en el canal. Por esa razón, el magistrado Alejandro Ramelli señala que “las obras de dragado de toneladas de sedimentos, sin ningún tipo de medida preventiva o de verificación, pueden suponer la materialización de una desaparición de carácter permanente de cuerpos de personas dadas por desaparecidas presuntamente dispuestas en el Canal del Dique con ocasión y en relación directa o indirecta con el conflicto armado”.