La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) expulsó al general retirado Jesús Armando Arias Cabrales, excomandante del Ejército colombiano, por no "aportar verdad plena, exhaustiva y detallada" sobre la toma y la retoma del Palacio de Justicia, ocurrida en noviembre de 1985 en Bogotá.

"Tras analizar las respuestas entregadas por el general Arias Cabrales durante la diligencia judicial que se llevó a cabo el 17 y 18 de enero de 2023 (...) la magistratura determinó que el compareciente no tuvo propósito alguno de esclarecer un mínimo de verdad, mucho menos la verdad total de los hechos por los cuales ya fue determinada su responsabilidad penal", detalló la JEP en un comunicado.

El oficial retirado, que lideró la operación de retoma del Palacio de Justicia después del asalto del M-19, desconoció, según la JEP, "la razón de ser de la construcción de la verdad" del alto tribunal.

Arias Cabrales pasó por alto "que la justicia ordinaria ya lo condenó como coautor de la conducta de desaparición forzada, pues su 'aporte fue esencial y definitivo a la ejecución del comportamiento'".

Esta decisión fue tomada luego de que se agotara "la etapa dialógica de 'rehabilitación del proceso de construcción de confianza', en el que se esperaba un esclarecimiento pleno y definitivo de la verdad".

Cabrales en la JEP

La toma del Palacio, situado en el costado norte de la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá, comenzó el 6 de noviembre de 1985 cuando guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19) irrumpieron en el edificio y tomaron como rehenes a cerca de 300 personas, entre ellas los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Consejo de Estado.

El Ejército, en una operación liderada por el general Arias Cabrales, retomó a sangre y fuego el edificio, acción que dejó 94 muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte, decenas de heridos y 11 desaparecidos, en su mayoría empleados de la cafetería y visitantes.

En la diligencia judicial, el oficial retirado dijo que el propósito de la operación era "el rescate y la recuperación del Palacio de Justicia".

En ese sentido, dijo que él ha sido víctima de persecución por haber sido incriminado en los casos de desapariciones durante la retoma del Palacio de Justicia y negó haber dado órdenes para que se cometieran esos crímenes.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró en 2014 responsable al Estado colombiano por "ciertas violaciones de derechos humanos" en la toma del Palacio.

Explicación de la expulsión

Durante la audiencia, las víctimas hablaron sobre "los daños causados, preguntaron respecto a las razones por las cuales sus familiares fueron señalados, exigieron conocer la verdad y pidieron respuestas claras", según la JEP.

El tribunal, tras analizar el caso, "encontró que el compareciente no brindó información sobre el alistamiento y reacción inmediata del Ejército para repeler las acciones del extinto grupo guerrillero M-19, que tomó por las armas la sede del Palacio de Justicia de Bogotá".

Y dijo que el oficial "negó un hecho indiscutible, como lo fue el control que ejerció sobre los comandantes de las unidades de la XIII Brigada a su cargo, así como de otras unidades tácticas y de inteligencia desplegadas el 6 y el 7 de noviembre de 1985".

"Arias Cabrales no suministró información que permitiera establecer el paradero de sus víctimas, ni los restos de aquellas que han sido entregadas por las autoridades de manera parcial a sus familiares", agregó la información.

Tampoco "profundizó en las circunstancias en las que se dio la vulneración de los derechos humanos por las acciones de los miembros de la fuerza pública que comandó en la operación de retoma del Palacio de Justicia".

Finalmente, el oficial no dio detalles sobre cómo fueron caracterizadas las víctimas, las razones para señalarlas como sospechosas, los traslados efectuados a otras instalaciones civiles y militares, la forma como fueron segregados los trabajadores de la cafetería del Palacio de Justicia y la razón de que no hubiese sobrevivientes de este recinto, como sí sucedió con los demás trabajadores y visitantes de otras dependencias del Palacio de Justicia.

EFE