Como un hito, así describió la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que Carmen Mirke haya recibido el certificado de defunción de su esposo, Orlando Alberto Toledo Lugo, una víctima del conflicto armado en el país.

Toledo, ingeniero forestal que laboraba como contratista de Ecopetrol, fue secuestrado cuando supervisaba obras de mantenimiento en el oleoducto Caño Limón-Coveñas, después asesinado y desaparecido por las extintas FARC en 2005.

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Puntualmente, Orlando salió a las 8:30 de la mañana de la base de Ecopetrol La Esmeralda para inspeccionar obras de mantenimiento en el oleoducto. En el camino fue secuestrado por la columna móvil Resistencia Barí, que hacía parte del Frente 33 del Bloque Magdalena Medio de las extintas FARC. 

El 21 de septiembre de 2005, la guerrilla indicó que Toledo se escapó el 5 de septiembre, cerca de la vereda del Martillo, cuando se desplazaban del campamento por la presión del Ejército Nacional en la zona, y que ya no estaba en su poder. Pero la investigación de la JEP encontró que esa información era falsa.

Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’ y Erasmo Traslaviña Benavides, ‘Jimmy Guerrero’, reconocieron que Toledo Lugo fue asesinado por la guardia cuando se intentó escapar, tan solo dos o tres días después de su secuestro.

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Aunque aún no se han recuperado los restos de Orlando Alberto, con este documento expedido por la Registraduría Nacional podrá reclamar la pensión y seguro de vida de su pareja. 

Esta es la primera vez que la JEP autorizó y pidió a la Registraduría emitir un certificado de defunción, después de que los comparecientes reconocieran un crimen.

"Se trata de un documento que no solo es fundamental para trámites administrativos y económicos, sino que representa un paso fundamental hacia la verdad, el cierre del duelo y la reparación para Carmen Mirke González y su familia, quienes han luchado por seguir adelante a pesar de la ausencia de su esposo y padre", explicó la jurisdicción. 

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Mirke indicó que "con esto voy a poder avanzar, porque con la desaparición forzada la vida se detiene”.

Agregó que cuando quedó sola, a cargo de sus tres hijos, no pudo vender un carro y un apartamento que estaban a nombre de los dos. 

"Yo he tenido que privarme de muchas cosas. Vivo del arriendo de un apartamento y de una habitación, acá en la casa, pero eso es muy poco. Ahora podré vivir más tranquila", señaló.

Para la JEP también se marca un precedente para que más familiares de víctimas de desaparición forzada, cuya muerte sea probada en el marco del proceso judicial, puedan acceder a este certificado.