En comunicación enviada hoy al Presidente, Juan Manuel Santos Calderón, el Procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado, recordó que ni el Gobierno Nacional ni las FARC fueron revestidos de poderes constituyentes por el ordenamiento jurídico o el pueblo colombiano, ello, en referencia al anuncio de “acuerdo especial” realizado desde La Habana (Cuba).

“El día de ayer las FARC y su Gobierno notificaron al país que convinieron que el Acuerdo Final que suscriban tenga la calidad de “Acuerdo Especial”, conforme a las normas del Derecho Internacional Humanitario y que haga parte del bloque de constitucionalidad. Pretenden ustedes que la totalidad de los acuerdos negociados y por negociar con las FARC, conocidos y desconocidos por la opinión pública, sean normativamente integrados a la Constitución y que su contenido se sitúe al mismo nivel de las normas constitucionales e incluso por encima de ellas. Buscan que los Acuerdos, por el solo hecho de ser convenidos y firmados por usted y ‘Timochenko’ tengan automáticamente la categoría de normas con fuerza constitucional”, manifestó.

El jefe del órgano de control, en desarrollo de sus competencias constitucionales, alertó sobre el hecho de que Gobierno y FARC, en nombre del proceso de negociación que desarrollan, ignoran al pueblo colombiano y al poder legislativo. 

“Lo que su Gobierno está conviniendo con el grupo criminal de las FARC implica que la Mesa de Conversaciones de La Habana se reviste de poderes constituyentes, que ni el ordenamiento jurídico, ni el pueblo les han otorgado.  Usted, señor presidente, y ‘Timochenko’, pretenden que ni siquiera la voluntad del pueblo, expresada a través de los mecanismos que hoy dispone la Constitución, pueda modificar tales acuerdos, tampoco el Congreso de la República ni ahora, ni en el futuro”, agregó.

El procurador Ordóñez Maldonado lamentó las pretensiones dictatoriales en nombre de la paz y el hecho de que una mesa de negociaciones esté por encima de toda la sociedad.

“Es una acción que está al margen de la Constitución y que es incompatible con cualquier régimen democrático. Equivale a someter de forma dictatorial al pueblo colombiano a la voluntad de las FARC y del Gobierno. ¿Quién le otorgó esa prerrogativa, doctor Santos? Lo que ustedes anunciaron al país conlleva que el pueblo colombiano ya no es soberano y que la soberana es la Mesa de Conversaciones de La Habana”.

Puntualiza el procurador en su comunicación sobre la gravedad de dar un estatus constitucional a la organización terrorista responsable de genocidios, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad que han enlutado durante más de medio siglo a Colombia y que ha sido responsable del cultivo, fabricación y exportación de droga a todo el mundo.

“Conforme al ordenamiento jurídico de nuestro país y al derecho constitucional que rige las democracias en todo el planeta, un grupo que ha perpetrado los más graves crímenes contra la humanidad y un Gobierno no tienen la facultad de atribuirse el poder constituyente, menos el de imponer a los colombianos un nuevo marco constitucional, sin que este se haya producido conforme a los procedimientos que la propia Constitución establece y sin que medie procedimiento democrático alguno. Le recuerdo, doctor Santos, que en el estado de derecho las autoridades solo están facultadas para hacer lo que la Constitución les señala, nunca para romper el orden constitucional, ni siquiera con la excusa de un acuerdo de paz con un grupo armado organizado al margen de la ley”.

“Falta a la verdad, señor presidente, cuando afirma que la última palabra la tendrán los colombianos”, expresó, anticipando que cualquier mecanismo de refrendación popular sería irrelevante frente a los acuerdos de Gobierno y FARC.

“Lo pactado con las FARC supone que el “Acuerdo Especial” surge con la firma del mismo, para lo cual resulta irrelevante cualquier otro procedimiento que permita la expresión de la voluntad popular. Quieren usted y ‘Timochenko’ que los colombianos vayan a las urnas a legitimar los acuerdos, pero sin la capacidad de decidir. Es un fraude a la voluntad popular”.

El procurador general de los colombianos concluye su misiva recordando al primer mandatario los deberes que se comprometió cumplir al tomar posesión del cargo. “Usted juró respetar la Constitución, no fue elegido para derrocarla y menos para hacerlo de la mano con las FARC”, finalizó.