La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al director de la Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad de Bogotá 'La Modelo', Carlos Augusto Hincapié Franco; al director encargado, mayor Jorge Gama Doza, y la comandante de Custodia y Vigilancia, teniente Elizabeth Vergara Vergara, por los hechos ocurridos la noche del 21 de marzo tras un amotinamiento que concluyó con la muerte de 24 personas privadas de la libertad, y heridas a otras 90 entre internos, auxiliares de custodia y miembros de la guardia.  

El ente de control investiga la presunta responsabilidad disciplinaria de los directores y la comandante de vigilancia, durante los enfrentamientos entre personal de guardia del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), y personas privadas de la libertad (PPL), quienes protestaban por las medidas tomadas por el Gobierno para prevenir el contagio del covid-19, la orden que se dio para el uso de las armas de fuego, y si el número de guardianes correspondía a lo requerido para garantizar la custodia de las PPL en La Modelo. 

De acuerdo con las necropsias practicadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, las causas de las muertes de las 24 PPL, a excepción de una, “fueron ocasionadas por proyectil de arma de fuego”.

Sobre los heridos se pudo establecer que 55 privados de la libertad requirieron atención hospitalaria externa, mientras que otros 28 fueron llevados al área de sanidad; 2 auxiliares de custodia también debieron ser hospitalizados, y 5 funcionarios de la guardia resultaron lesionados.

Sobre el uso de armamento la PGN estableció, según el oficio 114 del 28 de marzo de 2020 suscrito por el responsable de la sala de armamento de la “Compañía Santander”, que “dada la urgencia de suministrar armamento al personal de guardia y custodia para apoyar de inmediato la novedad presentada, el armamento entregado no fue relacionado al momento de su entrega o de su devolución, sólo se empezó a relacionar cuando llevaban a los centros hospitalarios a los PPL heridos, situación que hace imposible establecer la responsabilidad individual de los autores frente a las muertes ocasionadas”.

Según lo informado por la cárcel, para la noche del motín  se encontraban en La Modelo 107 guardias presentes y 57 auxiliares disponibles para servicios de seguridad y apoyo ese fin de semana. 

La Procuraduría investiga las órdenes impartidas para dar aplicación al Plan de Contingencia y Emergencia que el director general del Inpec socializó el 19 de marzo, y cuyo primer punto hace referencia a las “contingencias por amotinamiento de PPL”. Así mismo, las instrucciones dadas al grupo operativo especial Cores para prestar apoyo a la seguridad de La Modelo.

“Teniendo en cuenta que los directores de los ERON debían desplegar las gestiones necesarias frente a la situación de Covid-19 y socializar las medidas entre otros, con los PPL y que el comando de custodia y vigilancia debían garantizar las seguridad del establecimiento carcelario, se ordenará la apertura de investigación disciplinaria en contra del señor Carlos Augusto Hincapié Franco y del mayor Jorge Gama Doza en sus calidades de director y director encargado de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bogotá “La Modelo” y de la teniente Elizabeth Vergara Vergara en su calidad de comandante de custodia y vigilancia encargada del mismo centro carcelario, con la finalidad de verificar si su responsabilidad pudo estar comprometida en los hechos acaecidos el 21 de marzo de 2020 en la Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad de Bogotá ´La Modelo´”. 

El ente de control comisionó a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales para que adelante visitas especiales al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y a la Fiscalía 60 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, con el fin de recolectar pruebas sobre las conductas presuntamente irregulares registradas la noche del 21 de marzo.

También se ordenó la declaración de miembros del cuerpo de custodia y vigilancia.

El Ministerio Público busca determinar si las presuntas actuaciones constituyen faltas disciplinarias, y esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron, y el posible perjuicio causado a la administración pública.

Los investigadores podrán solicitar ser escuchados en versión libre.