La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra Alfredo de Jesús Castilla Torres, Magistrado de la Sala Primera de Decisión Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, por presuntamente apartarse del marco jurídico al decretar la nulidad de una tutela que había favorecido los intereses de la Universidad Metropolitana.

La decisión fue adoptada teniendo en cuenta una queja presentada por Juan José Acosta Ossio, Rector de la Universidad Metropolitana, y Karen Melissa Parejo Martínez, en calidad de Representante Legal para Asuntos Judiciales y Extrajudiciales de la misma institución, “por haber faltado a sus deberes”.

Básicamente, Castilla Torres decretó la nulidad de toda la actuación de un fallo del Juzgado Séptimo de Familia Oral de Barranquilla que en primera instancia resultó a favor de Unimetro.

Este fallo fue impugnado y, por reparto, correspondió el conocimiento al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla -Sala Civil-, proceso en el que como ponente de la tutela fungió la la Magistrada Yaens Lorena Castellón Giraldo y como integrantes de sala los Magistrados Alfredo Castilla Torres y Carmiña González Ortiz.

En ese orden, el 19 de febrero de 2020, los Magistrados Alfredo Castilla, Carmiña González y Jorge Maya Cardona, declararon su impedimento para conocer de la citada acción de tutela.

En respuesta a ello, el 21 de febrero de 2020, la Magistrada Castellón Giraldo decidió que no aceptaría el impedimento manifestado.

“A pesar que, no se había aceptado el impedimento en los términos del artículo 140 del C.G.P., que establece (...) el doctor Castilla Torres decidió resolver la tutela. En esos términos, se pretermitia, resolver sobre el impedimento, pues no se remitió a la Corte Suprema de Justicia para que allá se resolviera, tal como indica el artículo 140 del CPP. Igualmente, en una actitud irregular, en fecha 24 de febrero de 2020, Alfredo Castilla Torres resolvió decretar la nulidad, pero lo hizo en decisión de ponente y no en sala como demanda el Decreto 2591 de 1991, es decir, se apartó abiertamente de la ley, para hacer primar un criterio irregular. A su vez, decretó una nulidad con fundamento en reglas de reparto, desconociendo la amplia línea jurisprudencial de la Corte Constitucional que impone no actuar de esa forma, se apartó de la ley, en tanto las decisiones de dicho ente tienen fuerza de bloque de constitucionalidad en sentido lato, con fundamento en sus propias determinaciones", según la queja en contra del ahora disciplinado.

Tras asumir la situación, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial consideró que “visto el recuento de las anteriores actuaciones, este despacho puede evidenciar que, con ocasión de la providencia del 24 de febrero de 2020, el Magistrado Alfredo Castilla Torres, de la Sala Primera de Decisión Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, pudo haber incurrido en comportamientos constitutivos de falta disciplinaria”.

En la ponencia a cargo de la Magistrada Diana Marina Vélez Vásquez, la Comisión Nacional, precisa que “en efecto, es necesario determinar en esta actuación si el investigado al conocer de la impugnación del fallo de tutela la resolvió previo al impedimento manifestado; así mismo, si resolvió la impugnación en Sala Unitaria, cuando el Decreto 2591 de 1991 contempla que se haga en Sala de Decisión, como también lo dispone el Código General del Proceso y, finalmente, si decretó la nulidad de todo lo actuado en la acción de tutela contradiciendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la que se ha señalado que los jueces en sede de tutela invaliden las decisiones aplicando las reglas de reparto”.

Frente a esta decisión y teniendo en cuenta que el mismo Magistrado tiene a su cargo un proceso relacionado con la Fundación Acosta Bendek, el apoderado judicial de esta, Alexander Moré Bustillo, presentó recusación formal contra Castilla Torres, a efecto de que se declare impedido para seguir conociendo de este caso, debido a la apertura de la investigación disciplinaria en su contra.

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