A propósito de los anuncios sobre un posible racionamiento de energía en la Costa Caribe y los inconvenientes asociados a la mala prestación del servicio por parte de Electricaribe, la Defensoría del Pueblo advirtió que independientemente de la medida administrativa que se adopte, mientras no se garantice el recaudo de la deuda, la posibilidad de suspender el suministro será latente en todo momento.

Tras un barrido realizado por la Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y del Medio Ambiente, el organismo de control encontró que sólo a nivel departamental la deuda de los entes territoriales supera los 18 mil millones de pesos, siendo los hospitales los que encabezan la lista de la cual también hacen parte las gobernaciones, donde Guajira acumula la obligación más elevada con un poco más de mil 400 millones de pesos. A ello se suman las acreencias de las entidades del orden nacional, que según información recopilada a 31 de Mayo de 2016, ascienden a cerca de 4 mil 500 millones de pesos.

Cabe anotar que a lo anterior hay que agregar los pagos pendientes de los usuarios, que no sólo a nivel de los barrios subnormales sino de todos los estratos en buena parte de la Costa Norte, agravan esta crisis atravesada por la ineficiencia en el servicio y por la ausencia de planes de inversión y mejoramiento de la infraestructura en cabeza de la empresa prestadora.

En este orden de ideas, la Defensoría del Pueblo exhorta a las instituciones que tienen cuentas pendientes con Electricaribe a ponerse al día y a cumplir con estos compromisos que hacen parte del capítulo básico de gastos de funcionamiento dentro del presupuesto general.

De la misma manera, el órgano de control para los derechos humanos, invita al Gobierno Nacional y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a que las decisiones que se adopten de cara la solución de esta problemática aseguren el soporte financiero necesario para solventar la operación, independientemente de la empresa que asuma esa responsabilidad, e incluyan la exigencia de planes concretos para que las redes e instalaciones en los sectores rurales y urbanos cumplan con las especificaciones técnicas que garanticen el abastecimiento continuo y sin riesgos para la integridad de los ciudadanos ni sus bienes patrimoniales.

Adicionalmente, y a través de un pronunciamiento reciente ante los jueces de la República, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el posible colapso del sistema si no se vincula en los fallos para garantizar la prestación del servicio a las comunidades vulnerables a quienes constitucionalmente tienen la obligación de asegurar la prestación del servicio, como son el Estado y de manera particular los entes territoriales.