La Fiscalía General de la Nación imputó al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez como presunto responsable del delito de cohecho por dar u ofrecer, el cual estaría relacionado con nuevos hechos de posible corrupción en la administración de justicia.

Los elementos de prueba dan cuenta de que, entre 2015 y 2016, habría recibido dinero por intervenir para frenar varios procesos que se seguían en la Corte Suprema de Justicia contra Argenis Velásquez Ramírez y Nilton Córdoba Manyoma, entonces representantes a la Cámara por Putumayo y Chocó, respectivamente, quienes tenían como defensor de confianza al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera.

En la investigación se conoció que Ricaurte Gómez, al parecer, contactó a través de Moreno Rivera al Magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz, adscrito en su momento al despacho de Gustavo Malo Fernández, y acordaron que, a cambio de dádivas, impediría que se abriera instrucción, expidiera orden de captura o emitiera cualquier decisión en contra de los dos congresistas.

Por esta actuación, Francisco Javier Ricaurte Gómez, presuntamente, fijó lo que denominó “honorarios” y reajustó los valores de acuerdo con la complejidad de los señalamientos y los elementos de prueba en contra de los dos aforados. La evidencia indica que parte del dinero pactado, al parecer, lo recibió del abogado Moreno Rivera y otra de manera directa.

Asimismo, se estableció que producto del compromiso ilegal adquirido, estuvieron en indagación preliminar durante dos años, sin ningún avance, tres procesos en contra del exrepresentante Córdoba Manyoma y uno en contra de la exrepresentante Velásquez Ramírez, quienes previa autorización de Ricaurte Gómez entregaron dineros al magistrado auxiliar por conducto de su defensor de confianza.