El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) propone reconocer el Corredor Universitario como de “interés metropolitano” ante la actual disputa limítrofe que existe entre Barranquilla y Puerto Colombia.

La entidad plantea que, una vez establecido el límite administrativo de ambas entidades territoriales, cualquiera que sea la decisión que tome la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso de la República, se proceda a crear mecanismos de articulación que permitan “gestionar” asuntos que van más allá de “las fronteras político-administrativas”.

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Temas como seguridad, movilidad y transporte, infraestructura, servicios públicos, ordenamiento urbano, gestión ambiental y desarrollo económico podrían ser planificados y coordinados de manera conjunta para evitar, según dice, afectaciones en el desarrollo y funcionamiento de la zona.

En ese entendido, el IGAC sugiere que el Área Metropolitana de Barranquilla pudiese constituirse en ese “escenario institucional” para fortalecer la articulación entre las entidades territoriales.

Por otra parte, destaca como de gran importancia avanzar en una articulación de los planes de ordenamiento territorial de Barranquilla y Puerto Colombia, POT y PBOT, respectivamente.

“La armonización de estos instrumentos adquiere especial importancia frente a las transformaciones urbanas que se vienen presentando y frente a los proyectos inmobiliarios, comerciales, institucionales y de infraestructura que se localizan o tienen incidencia en el área objeto de controversia", refiere el Instituto en el informe técnico de deslinde.

Precisó que la definición del límite administrativo debe ser acompañada de mecanismos que permitan “garantizar continuidad y coherencia en las políticas de uso del suelo y en las decisiones de planificación, evitando que una modificación de jurisdicción genere incertidumbre, duplicidad de actuaciones o dificultades para la ejecución de proyectos estratégicos”.

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Dentro del informe, el IGAC pide que sean tenidas en cuenta las posibles afectaciones que pudieran derivarse de la decisión en esta disputa limítrofe.

Señala que en los argumentos expuestos por el municipio de Puerto Colombia refiere una posible disminución de sus ingresos propios asociados al pago de predial e Impuesto de Industria y Comercio ante una eventual modificación en la jurisdicción sobre el Corredor Universitario, caso contrario a Barranquilla que ostenta una mayor capacidad fiscal y recaudo.

“Esta situación evidencia la necesidad de analizar no solamente quién tendría la competencia territorial sobre los predios involucrados, sino también cuáles serían las consecuencias financieras que la decisión produciría sobre la capacidad institucional de cada entidad territorial”, menciona el Instituto.

Por último, el IGAC sugiere que se generen condiciones que permitan que los efectos económicos de dicha decisión sean “equilibrados” y que “el desarrollo de un territorio integrado pueda producir beneficios para el conjunto de la región metropolitana”.