Hugo Aguilar Naranjo reconoció este viernes ante la Jurisdicción Especial para la Paz que recibió apoyo de paramilitares para su campaña a la Gobernación de Santander, en 2003.

la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP escuchó los aportes de verdad de Hugo Aguilar Naranjo en una Audiencia Única y Definitiva, convocada para recabar elementos que permitan definir si esta Jurisdicción acepta o no su sometimiento y, en consecuencia, si puede acceder a los beneficios jurídicos previstos para comparecientes que aporten verdad sobre graves crímenes cometidos en el conflicto armado.

El exgobernador de Santander ya había solicitado su sometimiento y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas rechazó inicialmente esa solicitud al considerar insuficientes sus aportes de verdad sobre sus presuntos vínculos con estructuras paramilitares y otros hechos relacionados con el conflicto armado interno.

Tras esa decisión, Aguilar Naranjo presentó un recurso de apelación y la Sección de Apelación revocó el rechazo, otorgándole una última oportunidad para aclarar, ampliar y profundizar sus aportes ante esta Jurisdicción.

Como parte de esa decisión, la Sección de Apelación ordenó la realización de una Audiencia Única y Definitiva de Aporte a la Verdad, desarrollada en dos sesiones.

La primera se realizó el 24 de enero de 2024 y la segunda y última los días 4 y 5 de mayo de 2026. En esta oportunidad, los magistrados indagaron sobre su paso por la fuerza pública; su rol en el Bloque de Búsqueda; su incursión en la política regional; así como sobre sus reuniones con integrantes de estructuras paramilitares.

La diligencia fue liderada por el magistrado Carlos Alberto Suárez López, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, instancia que deberá decidir si acepta o no el sometimiento de Aguilar Naranjo ante la JEP. Asimismo, participó la magistrada Catalina Díaz Gómez, relatora del Subcaso Magdalena Medio del Caso 08, que investiga crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares y/o terceros civiles. ¿La razón? Su testimonio podría ser una “pieza clave” para esclarecer los vínculos entre agentes del Estado y estructuras paramilitares en esa región del país.

El primer día de audiencia fue dirigido por el magistrado Carlos Alberto Suárez López, quien indagó sobre el aval otorgado por el partido Convergencia Ciudadana a la candidatura de Aguilar Naranjo a la Gobernación de Santander, así como sobre sus acuerdos con el Bloque Central Bolívar (BCB) de las AUC y sus reuniones con ‘Don Berna’, ‘Camilo Morantes’ y ‘Ernesto Báez’. Asimismo, le preguntó por su incremento patrimonial, calculado en $1.999 millones entre 2002 y 2015, cuyo origen es investigado por la justicia ordinaria en un proceso por presunto enriquecimiento ilícito.

Durante la primera jornada, el exgobernador puso nombres propios a la red de poder que, según su testimonio, operó en Santander. Señaló que el exdiputado Nelson Naranjo Cabarique “era directamente candidato de las Autodefensas, nombrado por ‘Ernesto Báez’”, y vinculó a Alfonso Riaño como enlace para coordinar votos “con alias ‘César’”. Sobre el apoyo que recibió, Aguilar Naranjo afirmó: “Fui cómplice porque nunca denuncié ante las autoridades competentes que el bloque estaba diciendo que votaran por mí”.

La última jornada fue dirigida por la magistrada Catalina Díaz. Durante esta sesión, Aguilar Naranjo reiteró una vez más que tuvo conocimiento del apoyo de las autodefensas a su candidatura a la Gobernación de Santander en 2003 y admitió que no adoptó medidas para rechazarlo. Asimismo, reconoció que en esas elecciones el partido Convergencia Ciudadana avaló candidaturas de preferencia del Bloque Central Bolívar (BCB) de las AUC, tras acuerdos políticos con ‘Camilo Morantes’ y, posteriormente, con ‘Ernesto Báez’.

Aguilar Naranjo también negó que el Bloque de Búsqueda hubiera recibido aportes de Ecopetrol o del Cartel de Cali. Según dijo, esa unidad se financiaba con recursos estatales provenientes de entidades como la Policía Nacional, el Ejército Nacional y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). “Había elementos también de la Fuerza Aérea y de la Marina. Y sí recibíamos recursos de la Administración para el Control de Drogas (DEA). La DEA era la encargada de apoyar logísticamente y también el pago de recompensas para informantes”, dijo.

Durante la diligencia también intervinieron representantes de víctimas, entre ellos la Unión Sindical Obrera (USO), la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) y el Ministerio Público.

Con los aportes entregados durante las dos sesiones, la Subsala Especial de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas evaluará si las contribuciones de Aguilar Naranjo satisfacen los estándares de verdad exigidos por esta Jurisdicción para aceptar su sometimiento ante la JEP.

*Con información de la JEP