La Ley 2324 de 1984, en su artículo 166, define textualmente que “las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas, son bienes de uso público, por tanto intransferibles a cualquier título a los particulares, quienes sólo podrán obtener concesiones, permisos o licencias para su uso y goce de acuerdo a la ley”.

También aclara que “tales permisos o licencias no confieren título alguno sobre el suelo ni subsuelo”.

En otras palabras, nadie en absoluto es dueño de las playas en Colombia. Son de bien público y las licencias se otorgan siempre que cumpla con ciertos requisitos que exige la Dirección Marítima de Colombia, a través de la Capitanía de Puerto. 

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Uno de esos requisitos es que la persona que concesiona el sector de playa la mantenga preservada. Normalmente son otorgadas para el sector turístico. 

Sin embargo, muchas personas terminan ocupando de manera indebida el sector de playa sin los respectivos permisos y allí la Capitanía de Puerto entra con su función de persuadir a esas personas para que desalojen. 

Si esas personas se niegan a retirarse se coordina con la alcaldía que tiene jurisdicción en esa playa para que ellos actúen. 

Atlántico no es ajeno a la problemática 

El departamento del Atlántico no es ajeno a esta problemática que se da a nivel nacional. La Capitanía de Puerto de Barranquilla se encarga de la inspección de las playas, junto con las alcaldías.  

“La Capitanía de Puerto realiza una verificación permanente, diaria, de control de esas posibles ocupaciones indebidas. Al momento tenemos un registro de seguimiento de 370 presuntas ocupaciones indebidas en este litoral”, dijo el Capitán de fragata Bernardo Silva Flórez, Capitán del Puerto de Barranquilla, en entrevista concedida a Zona Cero.

El alto oficial de la Armada Nacional destacó que los registros se van actualizando constantemente para poder dar unas garantías de quiénes persistes en la ocupación presuntamente no autorizadas y quiénes acatan las recomendaciones de la Autoridad Marítima Colombiana en cuanto a la formalización y los trámites legales para el concesionamiento. 

Añadió que la zona de costa de Tubará es la que concentra el mayor número de presunta ocupación no autorizada de sus playas con 127 casos. 

“El municipio de Tubará es uno de los municipios con una mayor proyección de estas presuntas ocupaciones indebidas. Sin embargo, hay un acompañamiento permanente y una presencia institucional bastante constante donde estamos invitando a esas personas que de manera informal hacen construcciones o hacen ocupaciones no autorizadas en estas zonas de playa o de bajamar para que se retiren, se reubiquen o se formalicen dentro de espacios autorizados por la autoridad marítima”, dijo el Capitán del Puerto de Barranquilla.

Cuando hablamos de ocupación no autorizada o indebida se refiere generalmente a cualquier persona que considera que puede sacar provecho a ese espacio de playa y lo hace con proyecciones económicas o de su uso personal pasando por encima de las autoridades distritales, municipales y departamentales. 

La vía legal es lo mejor

La Capitanía de Puerto ha otorgado 30 concesiones marítimas en los últimos años en el departamento del Atlántico.

Entre ellas se destacan 21 otorgadas a la Asociación de Caseteros de Playa de Puerto Velero, en Tubará; y actualmente hay en trámite 25 solicitudes, entras las que destacan 13 de la Asociación de Caseteros de la playa de Miramar, en el municipio de Puerto Colombia. 

“Hay un trabajo permanente por parte de la autoridad en cuanto a la proyección de la formalización, a la entrega de concesiones, la actualización constante de aquellos espacios que están siendo objetos de la ocupación ilegal o que están proyectados para un crecimiento turístico general o están enfocados en el crecimiento económico de la región”, dijo el Capitán Bernardo. 

Destacó el ejemplo con los caseteros del municipio de Puerto Colombia. 

“En este caso en particular, tomándonos como un ejemplo, pero siendo un referente para todo el resto de municipios costeros del departamento del Atlántico y a nivel nacional, por supuesto, es dejar claro que el acompañamiento por parte de la autoridad marítima a través de sus capitanías de puertos es una constante”, aseguró.

Por esta razón, hace un llamado a las personas que se encuentran ocupando de manera ilegal un sector de playa en el Atlántico a que hagan el trámite por la vía legal. 

“La prioridad para cada una de las instituciones es velar por la seguridad y las garantías de los derechos de todos estos trabajadores que están buscando un sustento diario, un crecimiento económico y un aporte al desarrollo de cada una de sus regiones y dejar esa semillita de que mientras más cumplan con el proceso de formalización, tendrán muchas más garantías”, puntualizó el capitán.