Con hallazgos fiscales por $16.792 millones de pesos, concluyó la Actuación Especial de Fiscalización de la Contraloría al Programa de Alimentación Escolar (PAE) y a los Paquetes Nutricionales financiados con recursos del Sistema General de Regalías –SGR- en la Gobernación de La Guajira y los municipios de Maicao, Manaure y Uribia.

La mayoría de estos hallazgos tienen origen en el pago de un mayor valor por ración alimenticia.

Así mismo, se encontró que se entregan raciones que no cumplen con el gramaje ni con la minuta establecida por el Ministerio de Educación Nacional.

El informe es el resultado de una Actuación Especial que adelantó la CGR entre el 1 de marzo y el 15 de julio de 2016, al Programa de Alimentación Escolar -PAE, por una parte, y, por otra, a paquetes nutricionales  para niños de 0 a 5 años, madres gestantes y lactantes, financiados con Recursos del Sistema General de Regalías para las vigencias 2014 y 2015, es decir aprobados en el OCAD.

 El Contralor Maya Villazón puso estos resultados en conocimiento del Presidente Juan Manuel Santos Calderón, la Ministra de Educación Nacional, Gina Parody, y la directora del ICBF, Cristina Plazas Michelsen, y trasladó el Informe Final de esta Actuación Especial de Fiscalización al Fiscal General de la Nación (E), Jorge Fernando Perdomo, y al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado.

Los mismos contratistas y los mismos hallazgos

Durante el ejercicio auditor, se pudo determinar que los contratistas en la Gobernación del Departamento de la Guajira, para las vigencias 2014 y 2015, siguen siendo los mismos y entre ellos conforman consorcios o uniones temporales, con lo se configura un evidente monopolio.

 Se trata de las ya cuestionadas fundaciones sin ánimo de lucro, Fundación Kabala, cuya representante legal es María Angélica Araujo Noguera, y la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar – Asoalimentarce- en la que figura como representante legal Ivis del Carmen Rosado Robles; quienes conformaron el consorcio Alimentemos Juntos, para la ejecución del contrato No. 503 de 2014, y consorcio Nutriendo Escolares de La Guajira, para la ejecución del Contrato No. 194 de 2015.

En 2013, se ejecutó el Contrato No. 199, con el consorcio Primero la Nutrición, conformado por la Corporación Corazón País, en la que fungió como representante legal María Jacqueline Pacheco Izquierdo, la Corporación Wakusari, representada por Gloria Díaz Plata, y la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar – Asoalimentarce- en la que figura como representante legal Ivis del Carmen Rosado Robles.

Por su parte en el municipio de Uribia, en lo que respecta a la entrega de paquetes nutricionales, se celebraron los contratos No. 020 de 2013 y 019 de 2014, ambos con la Fundación Juventud Libre, representada legalmente por Pablo José Mesa Cerchar, y en el 2016 la celebración de estos contratos se realizó con asociaciones de autoridades tradicionales wayúu; así mismo en los municipios de Maicao y Manaure.

Relación de hallazgos fiscales

- Un primer hallazgo fiscal por $11.419 millones, corresponde al contrato No. 194 de 2015, para la operación del PAE, suscrito por el entonces Gobernador de La Guajira, José María Ballesteros Valdivieso, con la representante del consorcio Nutriendo Escolares de La Guajira, María Angélica Araujo Noguera, por valor de $37.910 millones, en el que se pagó un mayor valor por ración.

- Hallazgo fiscal, por $4.920 millones, relacionado con el contrato No. 503 de 2014, suscrito por el entonces Gobernador de La Guajira, José María Ballesteros Valdivieso, con  la representante del consorcio Alimentemos Juntos, Ivis del Carmen Rosado Tobles, por valor de $16.470 millones, para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar – PAE-, en el Departamento de La Guajira, donde se  determinó un mayor valor pagado por ración.

- Hallazgo fiscal por $266 millones, por la contratación del PAE, en el municipio de Manaure – La Guajira, en el que se determinaron mayores valores reconocidos por ración, en el Contrato No. 086 de 2015, suscrito con la Asociación de Profesionales Luchando por La Guajira – Asoprolugua-, representada legalmente por Keily Silva Brito, contrato cuyo valor fue de $729 millones.

- Hallazgo fiscal por $45 millones, resultado del ejercicio auditor en el municipio de Uribia, debido a inconsistencia y falta de coherencia entre los estudios previos, minuta contractual y pagos en el Convenio de Asociación No. 020 de 2013, suscrito con la Fundación Juventud Libre, por valor de $550 millones, para lo entrega de paquetes nutricionales. A manera de ejemplo: en el estudio previo y la propuesta del contratista, se indica el suministro de 4 panelas a $760, para 1.250 beneficiarios y un total de 8 entregas, para un total de $30,4 millones, mientras que en el anexo 1, que hace parte integral del contrato, se indica 2 panelas a $760 por 1.250 beneficiarios por 8 meses o entregas, lo que da como resultado $15,2 millones. Sin embargo, se pagaron $30,4 millones, lo que constituye, solo para este caso puntual, un detrimento por ese valor ($15,2 millones).

- Hallazgo fiscal superior a los $109 millones, relacionado con el anterior, dado que versa sobre el mismo convenio No. 020 de 2013 en el municipio de Uribia; y este consiste en que se pagaron gastos no contemplados en el convenio.

- Hallazgo fiscal por $32 millones para el municipio de Uribia, por el Convenio de Asociación No. 019 de 2014, suscrito con la Fundación Juventud Libre, por valor de $624,4 millones, para lo entrega de paquetes nutricionales. El hallazgo está relacionado con el incumplimiento del objeto convenido.

Conclusiones generales de la CGR

- Se siguen evidenciando falencias en la ejecución del PAE, aun con otras fuentes de recursos que generan contrataciones de sumas elevadas de inversión de recursos públicos. Retrasos en la ejecución de los programas, y evidentes deficiencias en las labores de vigilancia y seguimiento a la ejecución contractual, fallas en la supervisión e interventoría contratada.

- Puntualmente, en el PAE, se entregan raciones que no cumplen con el gramaje ni con la minuta establecida por el MEN, aun cuando se determinó una minuta diferencial destinada a los grupos étnicos e indígenas del país. Además, la Contraloría General de la República identificó que se paga un mayor valor por ración; y adicionalmente, que los contratistas siguen siendo los mismos y entre ellos conforman consorcios o uniones temporales.

- Mientras que para el programa de seguridad alimentaria a través de la entrega de paquetes nutricionales, se evidenciaron hallazgos relacionados con la no efectiva focalización e identificación de las familias beneficiadas, se advierte deficiencia en la supervisión e interventoría, productos de origen venezolano que no cuentan con registro Invima, ni con el respectivo registro sanitario y certificado de importación.

Adicionalmente, la distribución de los alimentos perecederos se hace hasta en un lapso de dos semanas, afectando así la calidad del producto y poniendo en riesgo la salud de los beneficiarios.